Nuevamente las sombras de la noche fueron perturbadas por una muchedumbre que buscaba justicia por propia mano, al ser descubierta una supuesta ladrona de cables de energía eléctrica.
El enésimo caso de intento de linchamiento en Puebla, ocurrió en la comunidad de Santa María Acuexcomac, donde la chusma llegó a las puertas de su comandancia a exigir les dieran a la mujer que llamaban ladrona.
Un reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, revela que en el caso de linchamientos se alcanza un nivel de impunidad de 75.59%, arriba de la media nacional.
Apenas dos días antes en otro punto de Puebla, otra turba de la comunidad de Los Reyes Teolco, en Cohuecan, lincharon a siete personas en diferentes momentos.
Los señalaban de participar en el secuestro de una persona en el municipio vecino de Tepexco, en la misma entidad.
La mujer perseguida
Cualquier persona sea hombre o mujer que sea sorprendido robando, corre peligro de ser linchado, incluso inocentes que han llegado a ser confundidos.
Santa María Acuexcomac, comunidad del municipio de San Pedro Cholula, estuvo a punto de pasar a la lista de 18 personas que les han quitado la vida en linchamientos este 2019.
Una mujer de aproximados 35 años de edad fue hallada robando cables de energía eléctrica, motivo suficiente para quitarle la vida, según los pobladores.
Fueron largas las horas que se fueron documentando a través de redes sociales, desde convocaron para acudir a la presidencia de la comunidad, para que les entregaran a la detenida.
Más de 200 personas llegaron enervadas al centro de Acuexcomac, donde exigieron que les dieran a la mujer, “para que ya no robara nunca más”.
En alerta roja, llegaron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y de la Guardia Nacional, para desplegar los protocolos establecidos para salvarle la vida.
Un primer operativo se apostó sobre la carretera Paso de Cortés y después ingresó a la población con el que se pudo rescatar a la mujer quien quedó desnuda y con algunos golpes.
Puebla tierra de linchamientos
Puebla cerro 2018 con 48 linchamientos, lo que considera a la entidad como uno de los cuatro focos rojos con este problema en el país.
El Informe Especial Sobre los Linchamientos en el Territorio Nacional de la CNDH, hizo un análisis de las posibles causas y una de estas es la poca credibilidad que tienen las autoridades, debido a la impunidad
Junto con Puebla, la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México y Morelos, son considerados como focos rojos, al ser las entidades donde la población se hace justicia por su propia mano en más ocasiones.
Siete de cada 10 poblanos encuestados en el estudio de la CNDH, señalaron como acertado que se registren linchamientos si las autoridades no hacen justicia.
A nivel nacional, CNDH documentó 174 linchamientos en 2018, de los cuales 48 ocurrieron en Puebla, seguido del Estado de México, con 40 casos; Tabasco, con 22 muertes; CDMX con 13 linchados e Hidalgo, con 9.
Tan solo en el año pasado, 246 personas fueron atacadas por muchedumbres, 34 de ellos murieron, y 119 quedaron en grado de tentativa, 232 fueron hombres y 14 mujeres.
El ombudsman de CNDH, Luis Raúl González Pérez, alertó que los linchamientos son un problema vigente en el país, por lo que hizo un llamado a las autoridades a preservar la impartición de justicia.
Dentro de la organización vecinal, la medida más usual tomada por la ciudadanía que se encuestó fue la instalación de alarmas y/o cámaras de vigilancia.
Esta tendencia se mantiene en la Ciudad de México, en Morelos, y el Estado de México, con excepción de Puebla, donde el 49.2 por ciento recurre al enfrentamiento colectivo con los presuntos responsables; sin embargo, la mayoría opta por soluciones no violentas.
Se ha identificado a la capital poblana como el segundo municipio con los índices delinchamientos más altos del país, al registrar 13 casos el año pasado; el primer lugar es Ecatepec, en Estado de México.
Tehuacán se ubicó en el lugar siete a nivel nacional, mientras que Tlacotepec de Benito Juárez se posicionó en el lugar 11.
Asimismo en la lista se encuentran municipios como San Martín Texmelucan, con cuatro linchamientos; seguido de Acajete, Juan C. Bonilla, Los Reyes de Juárez, Oriental, Quecholac y Acatlán de Osorio, con dos casos cada uno.
En la lista sigue Amozoc, Chiautzingo, Chichiquila, Chilchotla, Chiautzingo, Cohuecan, Cuautlancingo, San Andrés Calpan, San Pedro Cholula.
Asimismo se ubican a Santa Rita Tlahuapan, Santiago Miahuatlán, Santo Tomás Hueyotlipan, Tepeaca, Tlatlauquitepec, Yehualtepec, Tochimilco y Zacapala, todos con un linchamiento por municipio.
La encuesta
Puebla es el estado que se muestra más a favor de ejercer justicia a mano propia, pues un 63.8 por ciento considera que si las autoridades no castigan a los delincuentes, la sociedad tiene derecho a “hacer justicia”.
En el estudio se realizó una encuesta para ver la percepción ciudadana sobre el fenómeno del linchamiento, el cual fue avalado en su mayoría, sobre todo por el problema de impunidad.
En el caso de los poblanos encuestados, 55.6 por ciento aprobaron los linchamientos y que debe ser aceptado por las autoridades como una manera de justicia.
A la pregunta sobre si la ciudadanía debe actuar ante alguna situación delictiva si las autoridades no responden, el 72.4 por ciento dijo que estaba de acuerdo.
Sin embargo, a pesar de los señalamientos, el 77.1 por ciento de las personas encuestadas señalaron que los linchamientos no han mejorado la seguridad de los lugares donde ocurrieron.
Las autoridades han brillado por su ausencia, por un 54.2 por ciento de los poblanos reprobaron su capacidad para detener conflictos.
Además uno de cada 3 poblanos manifestó haber visto mensajes de advertencia de linchamiento contra delincuentes en sus comunidades o colonias.
De esta manera la mitad opinó que la presencia de este tipo de amenazas ha disminuido al doble la incidencia delictiva.
Recomendaciones
Entre las recomendaciones a las autoridades que da la CNDH están las de establecer estrategias, protocolos y criterios técnicos que busquen la homologación de información estadística oficial sobre los linchamientos.
Asimismo diseñar e implementar un programa nacional bajo la perspectiva de derechos humanos que atienda la prevención, el control y la atención del fenómeno de los linchamientos e intentos de linchamiento en el país.
Además, elaborar e implementar protocolos de actuación homologados dirigido a todas las autoridades, corporaciones y funcionarios en materia de seguridad pública y de procuración de justicia para hacer frente a los casos.
Finalmente, planear, realizar, coordinar y evaluar jornadas de educación cívica y difusión y fomento de la cultura de la legalidad, de la denuncia, y de respeto y protección de los derechos humanos.