Fueron clausuradas simbólicamente las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), en exigencia de justicia en el caso de un presunto feminicidio en 2018 cometido contra Zyanya Figueroa, quien era estudiante de Pediatría.
Al respecto, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) exigió la destitución de funcionarios encargados de la investigación de feminicidios en la entidad.
Señalaron a la fiscal en el ramo, Celia Segreste Acevedo, y Raquel Avendaño Fernández, encargada de despacho de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género.
Los inconformes acusaron la presunta omisión que obstaculiza el acceso a la justicia. En tanto, Carlos Olvera, abogado de la familia de la víctima, afirmó que las autoridades incumplieron con un mandato que un juez federal dictó para que antes del 3 de mayo emitiera un plan de investigación con perspectiva de género.
Sin embargo, la FGE habría obstaculizado a la defensa, como a la familia en la elaboración de dicho proyecto, sostuvo en entrevista.
El juez encontró deficiencias en la investigación que realizó la FGE, por la muerte de Zyanya Figueroa, ya que inicialmente se estableció un posible suicidio, pero no se indagó con perspectiva de género, ya que pudo haber sido asesinada por ser mujer.
El 15 de mayo de 2018, en su departamento fue encontrada muerta Zyanya Figueroa Becerril, pediatra de 26 años, la que se manejó primero como un presunto suicidio, sin embargo no hubo indagatorias para descartar un feminicidio.
Era originaria de la Ciudad de México y laboraba en el Hospital del Niño Poblano desde 2017.
Aquel día Zyanya tenía guardia en el hospital, pero su ausencia llevó a sus compañeros a buscarla en el departamento que rentaba a un costado del hospital.
Fue donde encontraron colgada de un tubo del baño; pero en el lavabo encontraron un cuchillo, tijeras ensangrentadas, así como jeringas dispersas con rastros de sangre.
Las primeras versiones, señalaron se había suicidado por motivos de acoso laboral dentro del hospital, ya que fue encontrada una carta escrita por ella, en la que relataba que ya no tenía fuerzas para seguir.
Su madre y padre, Patricia Becerril y Martín Figueroa, desde un principio se negaron a aceptar el dictamen de suicidio, ya que la describieron como una persona introvertida pero amable y dedicada.
Sus amigos también rechazaron la versión del suicidio porque nunca vieron en ella indicios de depresión o suicidio y que tenía la capacidad de ser una buena pediatra.
A lo largo de los peritajes particulares que la familia contrató, se encontraron inconsistencias, como el de la grafoscopía demostró que la carta era una presunta falsificación por imitación.
Además, había lesiones en el cuerpo de la joven que no correspondían a un suicidio como lo habían señalado las autoridades.
De este modo, la familia hizo en relación con la omisión de realizar una investigación con perspectiva de género, ya que un protocolo obliga a las autoridades a verificar si en la muerte existen indicios de razones de género.
Finalmente, un juez ordenó a la FGE a realizar dichas investigaciones, pero hasta el momento no se han realizado, afirman.