Fue acusado por actos de corrupción el juez Felipe de Jesús Ventura Hernández, quien anteriormente ya fue sancionado por el Consejo de la Judicatura de Puebla por su actuar.
Asimismo, fue señalada la agente del Ministerio Público, Carmina Maceda Machorro, por conflicto de interés, quien también habría sido señalada de pedir dinero a cambio de abrir las averiguaciones.
En rueda de prensa, Ana Elvia Poblano y su abogado, José Mario Rodríguez Flores, explicaron diversas irregularidades que han caído las autoridades en un caso de agresiones entre vecinos.
El problema
En septiembre de 2015, Alberto Uriel y Ana Eleanit Zenteno Poblano, quien era menor de edad, así como Manuel Chaltell Poblano y Ana Elvia Poblano Chávez presentaron una denuncia en contra de Agustín Clemente Zepeda Ramírez y Elia Arteaga Solar, por agresiones en su contra.
Todo derivado de una intención por parte de estos últimos de apropiarse ilegalmente de la casa y un predio de los inconformes, quienes son vecinos de la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras.
Sin embargo, a ocho años de distancia, Ana Elvia Poblano señaló que no ha habido justicia de la agresión de quienes quieren apropiarse del predio y su casa.
Por lo tanto, denunció corrupción del juez Cuarto de lo Penal, Felipe de Jesús Ventura, y de Carmina Barrera Machorro, por desaparecer un expediente.
Acompañada de su abogado, indicaron que fue víctima de lesiones derivadas del conflicto vecinal, por lo que presentarán una denuncia por actos de corrupción en contra del togado, señaló.
Acusaron de este modo de actos dilatorios para evitar que el problema se resuelva, por lo que señalaron a la agente del Ministerio Público, Carmona Barrera Machorro de “extraviar” su expediente.
Rodríguez Flores, abogado de los inconformes, explicó que el juez ha incurrido en estrategias para no resolver un conflicto generado desde 2015, por lo que se podría suponer que está coludido con una de las partes.
Detalló que el juez ha diferido en dos ocasiones audiencias, no ha hecho caso a dictámenes médicos que se han ofrecido como pruebas y permite que una de las partes en el conflicto no se presente a los requerimientos sin que tenga consecuencias.
