Puebla debe abrirse a un debate ordenado sobre el aborto, ya que se trata de un asunto que es de toda la sociedad, afirmó el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien dijo que la discusión tiene que ser abordada con madurez.
“Ya debe abrirse un debate ordenado, es un asunto que no es una lucha de un grupo específico, no, es de toda la sociedad. Hay que asumirlo como un debate formal. Puebla está preparada para resolver sus cosas con madurez, y por tanto ya promoveremos un diálogo entre toda la sociedad”.
Descartó que con acciones violentas se presione para la discusión del aborto, además de resaltar que no se trata solamente de algo que incumba a las fuerzas políticas de la entidad.
“No es un acuerdo con un grupo, por favor, que se siente alguien con un grupo y con acciones violentas se vea que se quiere presionar para resolverlo, así nunca se conseguirían las cosas (…) Debe ser producto de un diálogo general dentro de los segmentos de la sociedad, gobierno y sociedad, no es un asunto sólo de fuerza políticas, va mucho más allá de las fuerzas políticas”.
Aclaró que, de despenalizarse el aborto en Puebla, a ninguna mujer se le obligará a practicárselo, pues la intención es darle el respaldo del sistema de Salud.
“Esa ley no obligaría a abortar a nadie cuando se despenalizara, hablo de ese momento futuro, todavía incierto. No obligaría a abortar a nadie. Permitiría que la decisión de la mujer pudiera ser respaldada, cubierta, atendida, asegurada por un sistema de Salud, no que sea hoy negocio de hospitales privados, desde los más sencillos hasta los más lujosos”.
Añadió que, desde el inicio de su administración, ninguna mujer ha sido detenida por un aborto, y que las detenciones de este tipo no son posibles por un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Desde que soy gobernante no hay ninguna mujer que tenga que estar detenida por una acusación de aborto, para que quede claro”.
Por su parte, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que en lo que va de 2022 han ocurrido 18 interrupciones voluntarias del embarazo en la entidad, debido a que fueron producto de violaciones.