Con el marco jurídico que ahora tiene el estado, se tienen las herramientas para evitar las invasiones  de tierras, predios o bien para aquellos que en afán de protestas causen daños al resto de los ciudadanos, sin que represente violación alguna al derecho de expresión, dijo el secretario de Gobernación Fernando Manzanilla Prieto, al indicar que se espera de organizaciones y ciudadanos el respeto a la ley.

El titular de la Segob señaló que "no se va a gobernar para los chantajistas", no es razonable, hay derecho a la manifestación, pero no aceptarán presiones de nadie para la toma de decisiones."

Señaló que la nueva ley para evitar los despojos prevé una penalización y señaló que no va destinada a ningún grupo de manera especial, sino que va para todos, dijo que la ley no es retroactiva y por eso el Gobierno la adopta como una herramienta y que deben conocer los ciudadanos.

Señaló que una de las premisas de esta administración es que nadie puede estar por encima de la ley, esto sin dejar de reconocer que todas las organizaciones tienen el derecho constitucional de expresarse, lo que no hay derecho es afectar a los demás.

Señaló que el nuevo gobierno tiene interés en escuchar a los grupos, como ocurrió con las organizaciones que esta semana se manifestaron por las calles y concluyeron  frente a Casa Aguayo, se trata de problemas como los defraudados que vienen de la pasada administración.

El secretario de Gobernación indicó que se va a procurar que los grupos conozcan la ley para que no haya bloqueo a las vías de comunicación y para que conozcan las acciones que se tomarán y que luego no se digan sorprendidos.

Visita presidencial
El jefe de gabinete, confirmó que el lunes estará en Puebla el presidente de la República, Felipe Calderón, pero aún no se ha confirmado la agenda ya que hay propuestas para emprender el inició del Centro de Atención de Servicios Múltiples que se va a edificar en terrenos de la reserva Atlixcayotl, frente a Plaza Milenium, pero hay otras acciones de Salud y Obras que deberán ser aprobadas por el Ejecutivo y por el Estado Mayor Presidencial.