Ayer por la noche sesionaron la Comisiones Unidas de Gobernación y Hacienda para dar paso a la reforma a la Ley del Instituto y Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla (ISSSTEP), en la cual se hizo una modificación en torno a las aportaciones de los trabajadores.
De acuerdo con la información obtenida, los diferentes grupos parlamentarios votaron por modificar el monto de las aportaciones de los trabajadores que en la iniciativa presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) de la semana pasada, cuando se proponía un 4 por ciento. Sin embargo, con la reforma el trabajador sólo aportará 3.5, mientras el gobierno del estado aportará otro 7 por ciento.
El pasado jueves el diputado Jesús Zaldívar Benavides (PAN) presentó un documentó donde argumentó que la realidad es diferente a la que se vivía hace más de 30 años, donde por cada 35 trabajadores había un trabajador jubilado, “actualmente es un jubilado por cada nueve trabajadores en activo”.
Señaló que de no aplicarse la reforma enfrentarán serios problemas en el futuro y rechazó que haya una intención de privatizar el instituto, además los recursos destinados para las pensiones no podrán desviarse con otros fines. El legislador panista expresó que en 10 años el déficit del instituto podría llegar a los 15 mil millones de pesos de no llevarse a cabo la reforma a la ley en este año, y quienes resultarían afectados son los trabajadores.
Afirmó que respetan los derechos adquiridos de los trabajadores, así como la antigüedad, y lo importante es que habrá solvencia económica al instituto. También sostuvo que habrá una mejora médica en sus dos niveles con un abasto garantizado de medicamentos.
Entre los ofrecimientos a los burócratas para que se aprobara la ley se encuentra otorgar 200 créditos a largo plazo para que se garantice el acceso a una vivienda digna, e indicó que en 2010 sólo se entregaron 31 préstamos.
La protesta
Durante las discusiones de ayer por la tarde, previo a los acuerdos tomados, “los demonios se soltaron” en el Congreso y se repartieron culpas de las manifestaciones que realizarán este día diversos grupos de profesores, encabezados por docentes que pertenecen a la sección federal del magisterio y que, por lo tanto, no cotizan ante el ISSSTEP.
Uno de los grupos que tiene programada una manifestación está encabezado por Gilberto Maldonado Maldonado, de la sección 23 y que actualmente es líder del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP). Pero también hay otro grupo que realizará movilizaciones y que es conducido por José Manuel García Carrizales, quienes pertenecen a la sección 51 aunque en charla con reporteros dijo que personalmente no se opone a la reforma y que avala el incremento de las cuotas.
Ayer por la mañana un grupo de maestros reunidos en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH) y liderados por un profesor que fue secretario de vivienda de la sección estatal, acordaron movilizarse mañana viernes; incluso “pusieron en la mesa” la posibilidad de tomar las instalaciones de la sección 51 de la capital poblana.
Por la tarde, un grupo de maestros se manifestó afuera del Congreso del estado para exigir que el presidente de la Gran Comisión, Guillermo Aréchiga Santamaría, defendiera los derechos de los trabajadores que cotizan ante el ISSSTEP porque se sienten abandonados por sus representantes en el Poder Legislativo.
Consenso para la transparencia
Este día en el Congreso se aprobará la Ley de Transparencia que fue avalada en comisiones. Conforme al documento que se entregó se garantiza que la información solicitada por vía digital será gratuita, pero cuando se trate de copias certificadas cada una de ellas costará 80 pesos.
La ley contempla como sujetos obligados directos al Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, ayuntamientos; dependencias y entidades de la administración pública estatal o municipal; Instituto Electoral del Estado, Tribunal Electoral del Estado, Comisión de Derechos Humanos, partidos políticos y órganos autónomos.
Según fuentes consultadas, las instituciones públicas de educación superior —como la UAP— entran en el esquema de sujetos directos.
Referente a la información reservada el documento se enmarca en los mismos lineamientos que hay en la del Distrito Federal en la que se contempla que en este sector se encuentran datos de la vida privada, los que atenten contra la propiedad de la persona, procesos judiciales, o de investigaciones en contra de servidores públicos.
La información en reserva no podrá exceder de siete años.
Luz verde a la reforma penal
Ayer por la mañana la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso de Puebla que preside Juan Carlos Espina von Roehrich, aprobó por unanimidad los proyectos de dictamen por el que se reforman los Códigos de Defensa Social y de Procedimientos en Materia de Defensa Social para Puebla, en el ámbito de conductas delictivas así como de administración y procuración de justicia.
Establece nuevas técnicas de investigación que respondan a las necesidades sociales y a las condiciones actuales, por lo que se proponen mecanismos que buscan una investigación eficiente en los casos delicados por la peligrosidad de sus actores; en el caso particular, las técnicas que se buscan implementar se encuentran relacionadas con los delitos de recursos de procedencia ilícita, trata de personas, delincuencia organizada, secuestro, robo de vehículo, asalto, enriquecimiento ilícito y “narcomenudeo”.
Instituye que la autoridad judicial federal, a petición del titular del Ministerio Público de la entidad de que se trate, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada debiendo fundamentar las causas legales de la solicitud expresando el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración.
Dicha acción tiene como finalidad obtener información como revelaciones y testimonios particulares que sirvan para esclarecer los hechos investigados.
El dictamen establece el delito de Receptación, el cual consiste en que el sujeto activo realice acciones como adquirir, poseer, desmantelar, vender, enajenar, comercializar, traficar el o los instrumentos, objetos o productos del delito; asimismo, se agravan las penas en el delito de falsificación de documentos, mientras que el delito de desaparición forzada de personas consiste en que el servidor público que, sin causa legítima detenga a una o varias personas con la finalidad de ocultarla u ocultarlas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de la privación; además, fortalece el derecho penal que ejerce el Estado, dotándolo de mejores herramientas jurídicas para hacer frente a la impunidad.
Establece los delitos en materia de esterilización y reproducción asistida, como son aquéllos que atentan contra la libertad reproductiva, por lo que se advierten acciones en las que se disponen de elementos biológicos para fines distintos a los autorizados por sus donantes.
Otro punto que aborda es el incumplimiento de la obligación alimentaria, misma que pretende obligar a los deudores alimentarios al estricto cumplimiento de dicha obligación legal; actualiza los montos y sanciones en el delito de robo genérico y de vehículos, y renueva los delitos de Procuración y Administración de Justicia.