El funcionario fue tajante al decir “lo estamos buscando”, lo que implica que está prófugo de la ley el hermano del magistrado del Tribunal Estatal Electoral, Reynaldo Lazcano.
“Sí hay una orden de aprehensión y no hay nada al respecto, digamos está siendo buscado, existe la orden de aprehensión pero no se le ha podido localizar”, comentó el funcionario en entrevista.
“Sé que la Contraloría está haciendo una revisión de todas las áreas internas, tengo entendido que el responsable directo de las firmas era él (Rodrigo Lazcano), sé que están en proceso de análisis de otros funcionarios involucrados.”
Mientras tanto, la titular de la Secretaría de la Contraloría, Patricia Leal Islas, informó que hay 81 expedientes abiertos, 40 de ellos turnados a la Procuraduría General de Justicia.
“Ahora la PGJ tendrá que corroborar que se cometieron delitos además de faltas administrativas”, indicó la contralora.
“Esta situación no garantiza que todos deriven en más órdenes de aprehensión contra exfuncionarios de la administración de Mario Marín Torres.
”Nosotros actuamos con estricto apego a la ley, turnamos los expedientes a la procuraduría y si ésta encuentra elementos, procede, porque puede haber caos en que no se encuadra en ningún tipo penal y el procedimiento no continúa.”
Indicó que al menos 17 de estos casos fueron detectados a través del programa Ciudadano Encubierto.
También celebró la decisión del secretario de Educación Pública, Luis Maldonado Venegas, de separar de su cargo a Constantino Cabrera Cantero, funcionario del CAPCEE, para que responda a la investigación sobre su desempeño en la Seduop, ahora Secretaría de Infraestructura.
Cabe recordar que fue el juez Primero de Distrito el que negó la suspensión definitiva al amparo promovida por Rodrigo Lazcano Fernández, contra la orden de aprehensión que se giró en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito.
Versiones periodísticas señalan que en marzo de 2011, el director del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de Puebla (ISSSTEP), Roberto Rivero Trewartha, confirmó que 70 extrabajadores del gobierno estatal declarados muertos —después alcanzaron los 130 casos—, aún cobraban sus pensiones.
El presunto fraude podría ascender a 800 millones de pesos, en el que están involucrados funcionarios que autorizaron el pago de las pensiones y la emisión de cheques con nombres de personas fallecidas, como Rodrigo Lazcano Fernández.
El amparo 1935/2011 le fue concedido de manera provisional mediante el pago de 80 mil pesos de garantía ese mismo día; sin embargo, este lunes 16 se le notificó que la suspensión definitiva le fue negada.
En capilla, exfuncionarios de la SEP
Al asegurar que la presente administración estatal en Puebla manda mensajes claros de estar enfocados en el cumplimiento de los objetivos de la transparencia y la rendición de cuentas, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Luis Maldonado Venegas reveló que en la actualidad hay varias investigaciones contra exfuncionarios de la administración pasada.
Al señalar que la investigación la encabeza la Secretaría de la Contraloría, el funcionario reiteró que existen varios expedientes en proceso, entre los que se encuentra uno contra el que fuera director del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), Rodolfo Chávez Carretero, además de otro expediente contra el extitular de la dependencia, Darío Carmona García.
Sin embargo, Maldonado Venegas no confirmó el número total de exfuncionarios que tienen una investigación por parte de las autoridades, aunque espera que se esclarezcan todas las anomalías encontradas, para garantizar que en Puebla la rendición de cuentas es fundamental para el gobierno. Y aunque no presentó la lista completa de los exfuncionarios bajo investigación, Maldonado Venegas dijo que no se trata de perseguir al grupo político del exgobernador Mario Marín, más bien buscan dar señales claras de que los objetivos de transparencia y de apego a la legalidad se aplican en el estado.
De lo que se trata, apuntó el titular de la SEP, es deslindar responsabilidades por lo que las autoridades procederán con base en los resultados de la investigación que se sigue, porque recordó que la dependencia a su cargo solamente es el conducto para concluir los casos que se investigan, pero le corresponde a la Contraloría estatal presentar formalmente los resultados y mostrar si existen irregularidades.
Para Luis Maldonado, la visión de transparencia y rendición de cuentas no puede quedar fuera del sector educativo, sobre todo cuando existen indicios de que los recursos públicos no fueron aplicados de manera correcta. Pero ratificó que será la Secretaría de la Contraloría la encargada de emitir los resolutivos correspondientes y presentar la investigación final de los casos que están en proceso, “queremos ser claro con los resultados que se obtengan de las investigaciones”. (Con información de Samuel Vera)