Un grupo de ciudadanos poblanos de diferentes puntos del estado se encuentran privados de su libertad en un rancho del poblado de Vizcaíno en Baja California Sur donde son sometidos a trabajos forzados, denunció el diputado local Jesús Zaldívar Benavides, quien pidió la inmediata intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Al hacer uso de la palabra en la tribuna del Congreso del estado informó que la denuncia surge de personas originarias de Huejutla, Hidalgo, que huyeron de la esclavitud en que se encontraban, estas personas aseguran que hay individuos de Puebla, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, entre otros. Cabe señalar, que estos individuos refieren que eran víctimas del maltrato, de la sobreexplotación y que por si fuera poco fueron privados de la libertad.
Zaldívar Benavides, abordó el tema tras recibir un escrito de familiares de tres personas que se encuentran en cautiverio —y que por seguridad se omite su nombre— entre ellos un menor de edad; narran el calvario que vivieron por aproximadamente seis meses (diciembre 2011 a mayo 2012) a partir de que salieron de su morada en el municipio de Huejutla del vecino estado de Hidalgo, en el que fueron convencidos y trasladados vía terrestre en autobús en un viaje de 4 días hasta el poblado de Vizcaíno en el estado de Baja California Sur.
Ellos manifiestan que fueron convencidos ya que aspiraban a un mejor nivel de vida, pues les habían prometido una paga de 300 pesos diarios, con apoyo de despensa, alquiler en una vivienda digna y educación para su hijo, reteniéndoles documentos originales tales como credencial de ife, comprobantes de domicilio; sin embargo, la realidad se apartó completamente de esa promesa, ya que ninguna de esas prestaciones les fue proporcionada. En cambio fueron sometidos a jornadas laborales ventajosas para sus empleadores, pero deplorables y humillantes para ellos incluso para su menor hijo quien también padeció de esos abusos.
Dijo que los afectados señalan que al momento de decirles a sus empleadores que les demandarían en instancias laborales por el incumplimiento en las prestaciones, salario y jornadas que habían acordado, fueron amenazados de muerte.
Ante la situación donde hay habitantes de Puebla en condiciones de esclavitud propuso el siguiente punto de acuerdo:
“En términos de lo dispuesto en la Constitución Federal con los preceptos antes citados; y por el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, por el que se reconoce y concede privilegio al interés general, en el que acompañe el respeto y observancia de valores como la legalidad, y de promoción especial a los derechos fundamentales; se exhorte y turne para conocimiento, por la naturaleza del asunto, por conducto de sus titulares, a la Procuraduría General de la República, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal; asimismo se comunique al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por conducto de sus dos Cámaras, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, requiera a las autoridades del estado de Baja California Sur, investigue los hechos señalados.”