Mientras el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Mario Riestra Piña, anunció que atenderán el exhorto del Congreso de la Unión para auditar la deuda pública, el diputado Jesús Zaldívar presentó ante el pleno una iniciativa para reformar la Ley de Adquisiciones del Gobierno del Estado y darle transparencia a las operaciones.

En entrevista, Riestra Piña se refirió al documento que envió la Comisión Permanente y explicó que se trata de un exhorto del Congreso de la Unión con el tema de la deuda directa e indirecta, y dijo que esto se refiere también a la deuda de municipios, organismos para-municipales autónomos y aunque no están vinculados al Ejecutivo del estado repercuten en el acumulado del gobierno o del estado.

Comentó que el documento será aceptado, ya que es un tema de los que se han abordado en las discusiones del Pacto por Puebla, y sería deseable con base al exhorto del Congreso de la Unión, además de que se vaya planteando la necesidad de revisar la normatividad sobre la materia, a fin de que no solo de manera voluntaria sino de forma obligatoria, de acuerdo a la ley de deuda pública, se pueda ir regulando el acceso a los empréstitos por parte de todos los sujetos que pueden obtener.

Aclaró que se tendrá que estudiar el mecanismo idóneo para llevar la revisión que podría ser mediante la Auditoría Superior que, aunque tiene una acción fiscalizadora, se podría ampliar su función.

En la sesión, el diputado Jesús Zaldívar presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

Expresó que los recursos económicos de que disponen el estado, los municipios y sus entidades, así como los organismos autónomos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, con el propósito de satisfacer los objetivos para los cuales se encuentran destinados.

Dijo que la propuesta se da porque es indispensable garantizar la eficacia, eficiencia y la transparencia en la adjudicación y contratación de bienes, arrendamientos y servicios por parte de la administración pública municipal.

Del contenido, indicó que con la reforma en caso de aprobarse se cambia el esquema de nuevo por bienes en buen estado que pueden permitir ahorros sustanciales.

Indicó que hay que reconocer que los bienes muebles usados o, en su caso, reconstruidos, son una constante en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, por lo que se considera indispensable que la autoridad responsable realice un estudio de costo-beneficio, para demostrar la conveniencia de su adquisición con un bien considerado como nuevo.

Dicho estudio deberá realizarse a través de un avalúo, conforme a las disposiciones legales aplicables, que muchas veces son las que se aplican a través del mercado y estos deberán ser realizados por los peritos en la materia.

Reconoció que el procedimiento para la adquisición, adjudicación y servicios es complejo y requiere de estudios técnicos, consultorías y asesorías que permitan a las dependencias o entidades comprobar la viabilidad y trascendencia de las mismas, es por ello que se faculta para que, quienes requieran contratar dichos servicios, previamente deberán verificar si existen trabajos sobre la materia de que se trate.

Comentó que en el documento se propone proporcionarle a la Secretaria de Contraloría del estado la facultad de revisar que en caso de existir conciliación en algún conflicto entre la secretaria o comité municipal respectivo, se dé cabal cumplimiento a cada una de los puntos convenidos, con el fin de realizar una mejor supervisión por parte de dicha entidad y a su vez darle mayor formalidad a los convenios antes citados.