Este movimiento administrativo del gobierno poblano ha sido muy controvertido, al grado de llegar no sólo con protestas a las calles, sino a los juzgados federales por medio de juicios de amparo, de los cuales hasta hoy ninguno ha sido ganador.
Debido a esta situación, se espera que este domingo miles de personas marchen por el primer cuadro de la ciudad en protesta por la medida gubernamental, ya que aseguran que irá en detrimento de los poblanos.
La marcha
Los organizadores de la que llaman “megamanifestación, integrantes de la Asamblea de la Defensa del Agua”, afirman que esperan más de 10 mil personas.
Apenas el lunes 18 de noviembre hicieron otra marcha de protesta, aunque no fue muy nutrida, pues por ser día de asueto no encontraron una sola autoridad que los recibiera ni en el Congreso, ayuntamiento o Casa Aguayo.
Pero eso no evitó que los tres edificios fueran clausurados simbólicamente, a pesar de que se montó un operativo de policías municipales, quienes trataron de impedir la pega de una cartulina en la puerta de palacio municipal.
Alberto Hernández, integrante de la organización, afirmó que seguirán con la exigencia de dar marcha atrás a la reforma de la Ley Estatal del Agua y llamó a los legisladores “cómplices del gobernador”, por aprobarla.
“No podemos estar tranquilos cuando se nos quieren violar nuestros derechos y uno de ellos es al privatizar el agua, el servicio del agua (…) esas son las políticas de represión, pero aun así seguiremos la jornada de lucha, mediante conferencias, asambleas y mítines.
Comentó que esperan que haya más de 10 mil personas en la próxima marcha, que irán conformando mediante las asambleas que se están llevando a cabo en distintas colonias y juntas auxiliares.
“Cada vez la gente está más convencida de que se violarán derechos con la concesión del SOAPAP.
”Hasta en la marcha pasada en las calles nos iban aplaudiendo la gente que pasaba por ahí, por las calles; esto es un reflejo de que la ciudadanía está en contra de la privatización del agua, de que una empresa privada maneje y nos cobre por el agua”, dijo.
Por su parte, Marco Antonio Mazate afirmó que el movimiento es totalmente apartidista, al no haber ningún partido político detrás de ellos, como Morena, Partido de la Revolución Democrática (PRD) o del Trabajo (PT), como se viene rumorando: “El movimiento es 100 por ciento ciudadano y va creciendo cada vez más; hay muchos ciudadanos de diversas colonias que se unieron a la marcha, la gente está tomando conciencia del problema que se avecina con el agua”.
“¡Se les olvidó el artículo 4o Constitucional, el agua es un derecho humano”, “El agua no es un negocio!”, decía una de las pancartas.
El representante del Frente Amplio Social (FAS), Ricardo Jiménez Ávila, señaló que el gobierno de Puebla se ha dado a la tarea de desmantelar el movimiento social, los derechos colectivos y ahora servicios públicos como el alumbrado y el agua.
“Se señala que es mediante la privatización con el engaño de la concesión del agua como se van a mejorar los servicios, pero esto es mentira, pues mejor se debe investigar a todos esos funcionarios corruptos que pasaron por el SOAPAP”, afirmó y llegó la advertencia de que está marcha solamente es la primera.
Juicios
Apenas hace unos días tres juezas de distrito se retractaron en sus primeras resoluciones de los amparos promovidos contra la Ley Estatal del Agua de Puebla y decidieron negar la suspensión definitiva solicitada en los procesos 1566/2013 y 1567/2013 del Juzgado Primero; 1590/2013 y 1591/2013 del Juzgado Séptimo; y 1540/2013, del Juzgado Décimo.
Básicamente, se consideró que sí se afectaría el interés público con la suspensión de la firma del contrato de concesión y se pondría en riesgo el suministro de agua, que debe estar bajo la supervisión de manos competentes.
Además, se negó llamar a juicio a los supuestos licitantes para prestar el servicio de agua potable en el municipio de Puebla.
Mientras tanto, en el juicio 1540/2013 del Juzgado Décimo de Distrito, se ha publicado en las listas de notificación, de fecha 8 de noviembre de 2013:
“SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, ya que de concederse se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, aunado a que dichos preceptos no tienen la naturaleza de normas autoaplicativas.
”III. Por otro lado, por lo que se refiere al diverso acto reclamado consistente en la Convocatoria de licitación pública número SOAPAP-LPIC-001/2013 publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el dieciocho de septiembre de dos mil trece, con apoyo en los artículos 128 de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, ya que no se satisfacen los requisitos del citado artículo, puesto que de concederse la medida cautelar de dicho acto se afectaría el interés social y el orden público, porque la sociedad se encuentra interesada en que no se interrumpa la prestación de los
servicios públicos”, señala textualmente el documento.
“(…) Por lo expuesto y fundado se R E S U E L V E: PRIMERO. Se declara sin materia el presente incidente de suspensión únicamente respecto al acto reclamado a la aprobación, legalidad, vigencia y aplicación del decreto que adiciona el artículo 118 Bis de la Ley del
Agua para el Estado de Puebla”.
Estos resolutivos fueron gracias a que se derogó el artículo 118 bis en la Ley del Agua, recientemente aprobado, para que sea el Congreso del estado el que determine las tarifas una vez que sea concesionario el servicio. Y es que este artículo era el que detenía todo el procedimiento de privatización del SOAPAP.
Distintos juzgados federales habían aceptado los amparos de ciudadanos poblanos, además de estar algunos pendientes, como los promovidos por empresarios y universidades particulares.
Aún quedan pendientes al menos 10 amparos de universidades privadas, según como lo informó el director del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla (ICI), Germán Molina Carrillo.
La Asamblea Social del Agua reveló que el pasado 30 de octubre el Poder Judicial federal detuvo el proceso de la licitación que el gobierno del estado emprendió para concesionar el SOAPAP, pero una semana después los jueces encargados del caso se retractaron de la decisión.
Los miembros del organismo convocaron a la movilización ciudadana pues aseguraron que es la única manera de impulsar que el proceso jurídico que emprendieron y que busca tirar la concesión del servicio de agua potable en la entidad continúe su curso.
El abogado de los casos, Gilberto Montalvo González, explicó que por los amparos que la asamblea presentó previamente, el pasado 30 de octubre, los titulares de los juzgados federales Primero, Séptimo y Décimo de Distrito suspendieron provisionalmente el proceso de licitación que la administración estatal abrió para concursar la concesión del SOAPAP.
Pero una semana después, es decir, el 7 de noviembre, los titulares de los juzgados se retractaron de la decisión y “reactivaron” el proceso de licitación.
Montalvo ahondó en que la determinación de los jueces no impide que los nueve amparos que presentaron para echar abajo la privatización del organismo continúen su curso, sin embargo, consideró poco probable que estos obtengan un fallo favorable.
Adiós al SOAPAP
En sus últimos días de operación, reina una total incertidumbre entre trabajadores en las oficinas del SOAPAP, sobre todo por su futuro laboral, y el desfile de extranjeros provenientes de las empresas que pretenden lograr la concesión.
Según fuentes del SOAPAP, a los enviados de empresas japonesas, españolas y sudamericanas, como de Colombia y Chile, en reuniones se les dieron todos los detalles de la operación de la institución que desaparecerá en el último día del 2013.
De acuerdo con fuentes oficiales, existen 12 empresas interesadas en participar en el concurso, entre ellas compañías nacionales y extranjeras que fueron divididas en tres grupos para realizar las visitas a las instalaciones administrativas y operativas del organismo.
Para la licitación, las que suenas más fuertes son dos empresas españolas, dos japonesas, una francesa, una colombiana y cuatro mexicanas, entre las que destacan Ica y Siasa.
Todas y cada una ya cuentan con los nombres de los trabajadores, lo que ganan y su labor, así como su rendimiento, por lo que los extranjeros ya determinarán a quienes contratarán una vez que empiecen a operar.
Este jueves 12 de diciembre se determinará quién será la empresa que logra la concesión del órgano que administra el agua potable para la capital y municipios conurbados de la capital del estado.
En tanto, se han realizado diversas reuniones con trabajadores del SOAPAP, a quienes se les ha informado que con la desaparición del organismo a cada uno se le pagará al 100 por ciento, como lo marca la ley.
Inclusive, de la boca del director Manuel Urquiza se les ha señalado a los trabajadores que el 12 de diciembre se les paga aguinaldo y quincena, y el 31 de diciembre un bono y la liquidación final, e inmediatamente podrían firmar un contrato con la empresa ganadora de la concesión.
Además, ya se ha contratado a 300 trabajadores para el cobro de agua potable para cubrir 2014 durante noviembre, diciembre y enero, con las mismas tarifas de este año.
La concesión
Tres décadas durará la concesión que se otorgue a la empresa que va a financiar y administrar el agua potable en Puebla, según el documento publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado 18 de septiembre
De este modo, la concesión del SOAPAP tendrá la vigencia de 30 años, según las bases que emitió el gobierno del estado para la licitación de este contrato.
Para la operación de este servicio, se creará un fideicomiso en el cual participará la empresa que obtenga el contrato, el cual deberá quedar conformado en la víspera de navidad, para el 24 de diciembre de este año.
Y es que será el 12 de diciembre cuando se dé a conocer el nombre de la empresa que recibirá la concesión, una vez que se concluya la licitación.
En el documento oficial se detalla que este contrato abarcará la prestación de servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales, así como la ampliación, acondicionamiento, mantenimiento operación y administración de la infraestructura hídrica de la paraestatal.
Fue justamente el 12 de diciembre de 2012 cuando el Cabildo de Puebla aprobó que el SOAPAP firmara convenios de colaboración con diversos ayuntamientos de la zona metropolitana.
Por lo tanto, una vez que se concesione el servicio este contrato abarcaría no sólo a la ciudad de Puebla, sino también a los municipios de Cuautlancingo, San Pedro y San Andrés Cholula, así como Amozoc, en materia de agua potable y alcantarillado.
También, cubrirá el servicio de saneamiento de aguas residuales en los municipios de Juan C. Bonilla, San Miguel Xoxtla, Santa Clara Ocoyucan, Coronango y Tlaltenango.