La Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) revocó 29 respuestas del mismo número de ayuntamientos, por lo que los municipios aún presentan deficiencias al momento de atender las solicitudes de información que se les realizan.

Ante este problema, el comisionado presidente del organismo garante de la transparencia en Puebla, Javier Fregoso Sánchez, afirmó que se redoblará las acciones de capacitación y vinculación con las nuevas autoridades municipales para que mejoren su desempeño en este rubro.

De 2012 a la hasta la fecha se han interpuesto 165 recursos de revisión en contra de ayuntamientos, lo que equivale a 32 por ciento del total, de los cuales cuatro se han confirmado, 84 se han revocado, nueve se han sobreseído, 15 se han desechado y 19 se han tenido por no interpuestos, tres más se encuentran en trámite.

En la sesión de este miércoles se resolvieron 31 recursos de revisión en contra de ayuntamientos, de los cuales 29 fueron revocados, lo que suma un total de 111, y 13 recursos sobreseídos.

Un ciudadano solicitó a las autoridades municipales diversa información pública de oficio, la que no tienen obligación de difundirla en un portal electrónico por no contar con más de 70 mil habitantes.

Pero tal y como lo marca la ley, sí deben dar a conocer dicha información. Sólo en cuatro casos —Tulcingo, Tecomatlán, Huatlatlauca y Molcaxac— el recurso de revisión no se interpuso en los términos que marca la ley, o bien hubo entrega de información durante el desahogo del procedimiento.

Por otro lado, se revocaron los recursos bajo el expediente 258/SSPyTM-PUEBLA-04/2013 y su acumulado 259/SSPyTM-PUEBLA-05/2013, donde se ordena al “Sujeto Obligado” entregue información relativa al inventario de armas propiedad de la dependencia.

Todo desglosado por tipo de arma y año, así como el número de armas que habían sido reportadas como robadas, desglosadas por tipo de arma y mes en el que se hizo el registro.

El “Sujeto Obligado” manifestó que se trataba de información confidencial, sin embargo la ponencia del comisionado Federico González Magaña, respaldada por el pleno, consideró que la información solicitada no revela el carácter técnico u operativo, sino meramente estadístico.

Esto no permite conocer la capacidad de fuerza de los elementos policiales, puesto que no se pide la distribución de las armas entre los mismos y cuántos se encuentran desarmados, así como tampoco pone en riesgo la seguridad de su comunidad.

Se trata de datos generales que no dan a conocer el estado de fuerza ni la capacidad de reacción y operación del “Sujeto Obligado”, ya que dicha información no se relaciona con el número de elementos autorizados para la portación de armas que ampara la licencia, por lo que no se actualiza la causal de reserva a que se refiere en su informe con justificación.

La comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena reiteró su llamado al Congreso del estado para que se revise la Ley de Transparencia y evitar que los “Sujetos Obligados” entreguen información de última hora, cuando están a punto de resolverse los recursos de revisión, lo que provoca se retrase la resolución de los recursos de revisión, como ocurrió con el recurso bajo el expediente 209/ST-18/2013.