Pobladores de Chalchihuapan detenidos durante el desalojo de la autopista Atlixcáyotl fueron hostigados por autoridades para culpar al presidente municipal de la comunidad, acusaron líderes de la zona y la diputada federal Roxana Luna Porquillo.
El pasado viernes los detenidos fueron consignados a un juez penal, acusados por distintos delitos, durante el desalojo de la autopista Atlixcáyol del pasado miércoles, fue informado a pobladores este sábado en una reunión en el zócalo de la comunidad, perteneciente al municipio de Santa Clara Ocoyucan, a 45 minutos de distancia en automóvil.
Entre las autoridades que hostigaron a los detenidos para cambiar su declaración ministerial a cambio de su libertad se encuentra la diputada federal Soraya Córdova Morán, acusaron, a quien dejaron pasar a verlos.
La también diputada federal Roxana Luna Porquillo comentó que fue informada por los reclusos de que su compañera legisladora integrante de la organización Antorcha Campesina les dijo que si no culpaban a su presidente auxiliar no saldrían de la cárcel.
Este sábado por la tarde fueron reunidos más de 500 pobladores en el centro de Chalchihuapan —donde estuvo presente Intolerancia Diario— para informarles de la situación que resguardan los detenidos, quienes a pesar de las amenazas y hostigamiento no cambiaron su declaración, señalaron.
Se indicó que este sábado alrededor de las 12:30 horas rindieron su declaración bajo el proceso 319/2014 del juzgado penal de San Pedro Cholula.
“Manifestaron ellos que estuviera en todo momento presionados, que los obligaban a declarar que estaba el presidente auxiliar Javier Montes, que era el que estaba citando”, informó Vladimir Luna Porquillo, dirigente de la asociación Los de Abajo.
Comentó, junto con su hermana la diputada Roxana, que obra dentro de actuaciones jurídicas la declaración de los detenidos, que la legisladora Soraya Córdoba entró a inculpar a las autoridades de la junta auxiliar.
“Que si ellos decían eso, iban a salir, porque si no lo decían iban a agarrar a todas las demás personas e iban a declarar contra de ellos, por eso tenían que decirlo. Pero los compañeros no declararon en esa situación, volvieron a señalar que fueron intimidados, amenazados”, señaló Vladimir.
Indicaron que ningún funcionario de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) les proporcionó un teléfono para comunicarse con familiares o su defensa, ha que ni siquiera supieron quién era su defensor de oficio.
“Solamente los pasaban a un escritorio con dos personas, que les decían todo lo que tenían que declarar”, dijo al señalar que es preocupante la situación por los ocho delitos de que los acusan.
Recordó que entre las declaraciones ministeriales de los policías estatales, en el caso de uno de los detenidos de mas avanzada edad, un uniformado manifestó que se encontraba sobre el puente que cruza la autopista.
“Dijo el policía que el señor de 67 años lo cargó y aventó cerca de cinco metros”, lo que inmediatamente provocó risas de incredulidad entre los asistentes.
“Así como ustedes se están riendo, lamentablemente nosotros también nos reímos de cómo puede ser posible que un señor de 67 años pueda cargar a una persona con equipo antimotin y de esa naturaleza, así de burdas las declaraciones”.
Señaló que los policías también declararon directamente los nombres de algunas personas como probables responsables de los supuestos ataques a su persona.
“Milagrosamente, los policías saben y conocen los nombres de las personas en su declaración, claramente los señalan, y bueno nosotros vamos a continuar dándole seguimiento”, indicó Vladimir luego de nombrar a 12 personas acusadas de forma directa por los uniformados estatales.
Señaló además que en las declaraciones en la averiguación previa se señala que más de 350 personas incitaron, y en el lugar de los hechos más de mil 200. “Ahora es nada más que los policías les pongan nombre y apellido, para poder empezar a hacer las detenciones”.
Finalmente, indicó que no solicitarán al juez penal para la ampliación término constitucional para que se les dicte formal prisión o de libertad, la que vence el lunes a las 18 horas.
“Vamos a presentar las pruebas el lunes, ya si el juez determina por oficio la ampliación, se va a hacer”, comentó.
El pasado miércoles se registró un fuerte enfrentamiento en un operativo de desalojo de la autopista Atlixcáyotl, que permanecía bloqueada por dichos pobladores, quienes exigen la restitución del Registro Civil para las juntas auxiliares, el cual pasó a manos de las cabeceras municipales.
Y es que aseguran que ahora, además de que tienen que hacer gastos de traslado, lo que es muy difícil por ser gente muy pobre, les quita la identidad y usos y costumbres a las comunidades más marginadas.
Mediante un comunicado de prensa el jueves pasado, la Procuraduría General de Justicia confirmó que inició la averiguación previa 468/2014/DMZS, en contra de Félix Montes Xelhua, Sergio Clemente Jiménez Tacalero, Santiago Pérez Tamayo y Antonio Víctor Montes Contreras, alias “El Borracho”.
Todos por su probable responsabilidad en los delitos de ataques a la vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte, lesiones, daño en propiedad ajena doloso, motín, privación ilegal de la libertad, homicidio en grado de tentativa y robo.