En medio de un silencio sepulcral de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), este viernes finalmente termina el plazo de 30 días hábiles que dio para que el gobierno del estado cumpliera 11 puntos en la recomendación que emitió por violaciones graves en el caso Chalchihuapan.
Sin embargo, quedan pendientes por lo menos tres puntos, mientras que en el resto sólo se cumplieron a medias en algunos casos, lo que ha generado severas críticas.
El organismo, aún presidido por Raúl Plascencia Villanueva, ha hecho mutis sobre la aseveración del gobierno de Puebla, de que ha cumplido con lo encomendado el pasado 11 de septiembre.
Intolerancia Diario, toda esta semana, ha solicitado información a la oficina de prensa de la CNDH, para saber detalles sobre lo entregado por el gobierno de Puebla y la postura sobre el arresto de cinco personas en Chalchihuapan, el pasado fin de semana.
Sin embargo, no ha habido respuesta; fuentes señalan que se encuentran abocados a los temas de Iguala, Guerrero, y Tlayaya, en el Estado de México, pero sobre todo la reelección de Plascencia Villanueva, haciendo a un lado el tema de Chalchihuapan.
La CNDH, organismo defensor de las garantías individuales en el país, presidido por Raúl Plascencia Villanueva, ha hecho mutis del caso que muchos activistas llaman un silencio cómplice.
A mano
Mientras tanto, para el gobierno ya está saldada la afrenta, aunque para los afectados es todo lo contrario, ahora afirman que fueron objeto de burla.
El jueves 11 de septiembre, la CNDH, mediante una investigación y peritajes, determinó que elementos de la Policía Estatal fueron los que asesinaron por medio excesivo de la fuerza al niño José Luis Tehuetlie Tamayo durante el enfrentamiento en Chalchihuapan del 9 de julio.
Por lo tanto, el presidente del organismo, Raúl Plascencia Villanueva, recomendó al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, fincar responsabilidades contra el secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas.
De este modo, el ombudsman tiró por la borda la versión del gobierno estatal, de que fue la onda expansiva de un cohetón aventado por manifestantes lo que lesionó al niño de 13 años de edad.
Plascencia Villanueva aseguró que Facundo Rosas estuvo al mando en todo momento durante el desalojo, en el que afirmó que sí hubo uso excesivo con más de 478 granadas de gas lanzadas contra manifestantes.
Fue el 9 de julio cuando un grupo de pobladores de Chalchihuapan cerraron la autopista Atlixcayotl, que comunica a la ciudad de Puebla con Atlixco.
Para desbloquearla, señaló Plascencia Villanueva, se montó un operativo desde muy temprana hora, lo que indica que las autoridades poblanas sabían del movimiento desde un día antes, pudieron negociar, sin embargo, prefirieron el uso de la fuerza.
En el operativo de desalojo, de los 426 policías estatales, 32 portaban lanzaderas y diversas armas de dispersión, las que fueron utilizadas sin medida contra la población.
De este modo salieron al menos 10 lesionados de los manifestantes y más de 40 de policías, aunque no se pudo documentar el número debido a que a muchos ni siquiera los atendieron las unidades médicas del gobierno estatal.
Entre los lesionados se encontraba el menor José Luis Tehuatlie Tamayo, quien, ahora se sabe, fue herido por alguno de los 32 elementos policiacos con las armas, a quienes se tiene que investigar para deslindar responsabilidades.
La controversia
Fue el sábado 18 de octubre, una semana antes que venciera el plazo, cuando, por medio del boletín de prensa número 2055, el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas afirmó haber cumplido con la recomendación.
Pero el comunicado apenas cuenta con ocho puntos, de lo que dice el gobierno haber cumplido, mientras que la CNDH enumeró 11 recomendaciones por hacer.
Ni siquiera la disculpa pública fue pública, ya que no sólo no se invitó a medios de comunicación a un evento a celebrarse el pasado viernes 17, sino que a los agraviados les fue notificado apenas con tres horas de anticipación.
Las medidas en contra del secretario de Seguridad Pública Estatal, Facundo Rosas, sólo llegaron a una amonestación y multa sin mencionar cantidades.
El funcionario público sigue trabajando en el cargo, a pesar de que fue el que estuvo al frente en el operativo del 9 de julio, mientras que seis elementos a su cargo fueron detenidos.
Pero hasta la fecha, el gobierno de Puebla ni siquiera ha dado a conocer los nombres de los policías arrestados, mucho menos los cargos y delitos que les imputan.
En lo oscurito
En total hermetismo y en lo oscurito, el gobierno estatal trata de cumplir con las 11 observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el caso Chalchihuapan. Se ensaña con los pobladores de San Bernardino y se muestra benévolo con sus funcionarios.
Con lujo de violencia, personal de la Policía Ministerial del Estado (PME), apoyado por el grupo Antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), causó terror en San Bernardino Chalchihuapan al romper candados, facturar chapas y destrozar puertas para catear varios domicilios y detener a Florentino Tamayo Ponce, Raúl Contreras Montes, Vicente Juárez García, Álvaro García Xelhua y Fausto Montes.
A diferencia, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Facundo Rosas Rosas, sólo fue amonestado y multado por su actuación, a pesar de ser el funcionario que estuvo al mando y haber transmitido la orden del desalojo, mandatado por el gobernador Moreno Valle.
El viernes a las 19 horas, el gobierno estatal trató de resarcir el daño a la madre del niño asesinado por un disparo de la policía y convocó a un evento en el Centro de Convenciones de Puebla, pero nadie asistió.
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La sgg |
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Todos continúan en prisión. |
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Pero tampoco existe registro alguno, ni fotográfico, de que se haya realizado el evento, además de que no fue invitada la prensa. |
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Señalaron las fuentes que si ni siquiera les dan uniformes o equipo, mucho menos esperan videocámaras o grabadoras. |
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| Sobre este punto, el gobierno estatal informó que a Secretaría de la Contraloría inició los procedimientos de responsabilidad y dio trámite y seguimiento a las quejas y denuncias presentadas por la cndh
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| En el comunicado se dice que la fiscalía especial resolvió la averiguación previa, ejerciendo acción penal en contra de probables responsables de distintos delitos, por lo que fueron detenidos seis elementos de la Policía Estatal y cinco personas civiles, quienes han sido puestos a disposición del mismo juez.
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Como resultado, hubo cinco detenidos. De esto, aunque la cndh |