A más de un año de conformada la Coordinación Estatal en Defensa de la Identidad de los Pueblos (Cedip) se está desmoronando tras el embate del gobierno estatal e infiltrados.
De los más de 80 presidentes auxiliares que la llegaron a conformar, ahora no rebasan los diez, quienes siguen en pie de lucha, sobre todo por el regreso de las facultades administrativas del Registro Civil.
La mayor desactivación del movimiento fue cuando el gobierno estatal facultó a algunas personas a realizar los trámites del Registro Civil, aunque no fueron los ediles alternos.
En entrevista, Salomé Pacio Grande, presidente auxiliar de Tlamapan, aseguró que sigue el movimiento, la verdad es que se ha debilitado, según sus mismos compañeros.
“Ahorita lo que hacemos es tratar de ponernos de acuerdo que vamos a decir”, dijo el alcalde auxiliar.
Señaló que en conmemoración de los eventos de Chalchihuapan del 9 de julio del 2014, cuando policías estatales se enfrentaron a manifestantes, tienen a cargo un evento.
—¿Sigue conformada la organización?
—Claro que sí.
—¿Los tienen amenazados para no salir?
—No
Afirmó que han tenido contacto, aunque poco, con el expresidente auxiliar de Chalchihuapan, Jairo Javier Montes Bautista, quien se encuentra recluido en el penal de San Miguel.
“A raíz de lo poquito que hemos platicado, él saca el comunicado”, reconoció luego de dos cartas que ha emitido Montes Bautista desde el penal acusando al abogado Alejandro del Castillo de traidor.
“Lo vamos a platicar entre presidentes y vamos a emitir un comunicado”, insistió.
—¿Cuántos presidentes quedan todavía?
—La verdad, somos, ya somos menos.
Además, negó rotundamente que hayan pactado con el gobierno estatal y que sean ahora sus esposas quienes ocupen los puestos de juez, con un salario de 10 mil pesos mensuales.
“No, ojalá, a dónde para ir a pelear”, dijo al recordar que en agosto del 2014, el entonces el secretario de Gobierno, Luis Maldonado, giró un oficio con una propuesta.
“A raíz de todas las circunstancias que pasaron, los presidentes nos sentamos y decidimos tomar parte de la propuesta, esa fue parte”, dijo al señalar que ya le tocó resolverla a Jorge Cruz, encargado de despacho.
“La propuesta es que se nombrara a una persona de la comunidad elegida en asambleas y ella quedara como representante, encargada o juez del registro civil”.
Indicó que las juntas auxiliares que pelearon tenían toda la papelería, por lo que los Registros Civiles están funcionando de manera normal.
“Normalmente fueron propuestas en asambleas, con requisitos como que fueran abogados, un poco difícil en las comunidades, en algunos casos si hay abogados”, dijo.
—¿Cuántos se inscribieron en el acuerdo?
—Somos 13.
La embestida
A través de un comunicado, que facilitó a algunos medios de comunicación, como representante de la Cedip, evidenció la embestida gubernamental de los últimos meses, “no ha dejado que se reporten a las comunidades soluciones notables a sus problemáticas”.
Bajo la promesa de la representatividad —se lee— solo se ha quedado en vilo de la polémica sin transitar a los consensos necesarios que proclaman los pueblos.
Con ello, los alcaldes auxiliares señalan que se rompe la armonía de las familias que fueron afectadas y de las comunidades que resistieron alegando el legítimo respeto a sus derechos.
“Como presidentes tenemos la responsabilidad de ser interlocutores con intenciones serias, respetuosas con la población que representamos, privilegiando solventar las necesidades de los pueblos, a través del consenso para lograr un desarrollo integral”, exponen.
Esta responsabilidad social que les confió la ciudadanía, sostienen, siempre será lo que dará la pauta para determinar cuáles son las decisiones y acciones a seguir.
Por lo que exhortaron al gobierno del estado a que se aborden los temas de fondo, con responsabilidad social, mediante un trabajo colectivo.
“Queremos lograr el desarrollo y regresar la paz social que requieren las comunidades, queremos que la sociedad confíen en sus garantías”, reclaman.
Contexto de una ruptura
En febrero del 2015, Intolerancia Diario documentó como cada vez se abría más la división, luego de que se dio a conocer una asociación que funciona de manera paralela de la Cedip.
Este organismo alterno surgió en medio de polémica de infiltraciones y traiciones, en las que se ha visto envuelto desde entonces el litigante Alejandro del Castillo, auto denominado representante de los afectados de Chalchihuapan y Canoa.
Desde que este abogado tomó el control de las movilizaciones contra el gobierno estatal hubo ataques contra la diputada federal Roxana Luna Porquillo, a quien se le desconoció.
Todo justo en los momentos de negociaciones para la liberación de presos políticos surge el organismo alterno.
La organización homónima y creada de manera paralela por el abogado Alejandro del Castillo, Araceli Bautista, madre de Javier Montes, edil detenido de Chalchihuapan y vocera única Rocío Pérez Pérez, la hija del edil detenido de Canoa, Raúl Pérez Velázquez.
José Salomé Pacio Grande, quien fungió siempre como vocero de la original Cedip, señaló en febrero a Intolerancia Diario que ningún edil auxiliar ha sido invitado a la nueva organización.
“No tengo conocimiento de nada de eso. No hemos tenido ningún acercamiento a esa gente”, dijo Pacio Grande, también edil auxiliar de San Martín Tlamapa.
“Tampoco podemos desconocer a ningún edil simplemente porque no conocemos quién esté postulando a la hija del compañero de Canoa”, señaló.
El nuevo organismo civil fue registrado ante la Secretaría de Economía federal, señaló en rueda de prensa Araceli Bautista
El organismo se llama “Coordinadora de Defensa de la Identidad de los Pueblos (CDIP)”; además, fue ubicada ya ante la Dirección General de Normatividad Mercantil.
Araceli Bautista aseguró que existen más de 80 representantes de juntas auxiliares del estado de Puebla, entre ellas Chalchihuapan, San Miguel Canoa y La Resurrección que integran la nueva asociación; sin embargo, José Salomé Pacio Grande, vocero de la original CEDIP, desconoció a la nueva asociación.
“La CDIP es la organización de todas las juntas auxiliares, en donde se buscará que haya justicia para cada una de ellas y se respeten los derechos de los ciudadanos que habitan en esas demarcaciones”, dijo Araceli Bautista en la rueda de prensa, pero en la presentación de la nueva asociación ningún edil auxiliar estuve presente.
Además, la nueva organización solamente reconoce como única vocera a Rocío Pérez, hija del exedil de San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez, quien tampoco tiene ningún cargo formal.
Pacio Grande indicó entonces que el grupo original de la Cedip sí llegó a tener más de ochenta ediles y aún se mantiene en constante comunicación y hacen reuniones sin embargo no tiene conocimiento de quiénes dieron la capacidad o nombramiento a Araceli Bautista y Rocío Pérez.