Funcionarios del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el cual preside Martha Erika Alonso de Moreno Valle, fueron denunciados penalmente ante la instancia federal por violar una suspensión provisional del juicio de amparo 1245/2015-IV del juzgado primero de distrito, tras arrebatar a una mujer a sus hijos de cinco y ocho años de edad.
En rueda de prensa, el dirigente estatal del Movimiento por la Esperanza, Jorge Méndez Spínola, al mostrar el amparo interpuesto por Liliana Hernández Mena, madre soltera a quien le fueron arrebatados sus hijos el pasado 3 de julio por personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) sin que hubiera una denuncia previa, dijo que se han cometido abusos y sobre todo el desacato a una orden judicial.
Expresó que a pesar de que hay determinaciones de carácter jurisdiccional, simplemente el DIF no ha dado respuesta y por ello se interpuso la denuncia penal.
Dijo que en el documento se señalan como presuntos responsables Maciel Merino Aguirre, encargado de la averiguación previa 2048/2015 de la Procuraduría General de Justicia del Estado; Claudio Vega Ramos, responsable de la representación legal de adopciones del DIF estatal; María de Ángeles López Rosales, parte del ministerio público del DIF; María Fabiola Herrera Rosas, procuradora del menor; Claudio Vega Ramos, responsable del área de violencia intrafamiliar, y reiteró que la presidenta de dicho organismo es Martha Erika Alonso, esposa del gobernador Rafael Moreno Valle.
Explicó que desde el 3 de julio fueron sustraídos los hijos de Liliana Hernández Mena, vecina de San Lorenzo Almecatla, de manera ilegal y entregados al DIF, lo que implicó que acudiera a la institución como corresponde a las normas y después de un mes no la han dejado siquiera verlos pese a la suspensión provisional por parte del juicio de amparo 1245/2015-IV del juzgado primero de distrito.
Dijo que la orden es que podía ver a sus hijos, pero los funcionarios del Sistema DIF no acataron la disposición; además, se ha suspendido la audiencia incidental el 7 de agosto y posteriormente la constitucional y no hay la seguridad de que se reintegrarán los hijos.
El asesor de la afectada manifestó que no ha habido poder judicial que haga que se respete la ley, pero además esto implica sanciones contra quienes infringieron la ley.
Advirtió que para burlar la ley, los menores fueron entregados a sus padres biológicos pese a que uno de ellos enfrenta problemas de adicción a drogas y el otro nunca se hizo cargo del menor desde que nació.
Señaló que de acuerdo al relato de la madre, ella fue amenazada por parte del personal del DIF en el sentido de que le iba a ir mal por seguir peleando, pero además de que sus hijos serán dados en adopción a una familia que tenga dinero.
Le fijan plazo al DIF
Méndez Spínola informó que el propio juez de amparo le dio 12 horas al director general del DIF para explicar por qué entregó los hijos a los padres que son biológicos y desde que procrearon no se han hecho cargo de ellos.
Insistió en el problema de las drogas de uno de los progenitores; no obstante, la gente del DIF violó las normas de protección a los menores, “lo entregó para afectar a la madre”.
Menor enfermo y sin atención médica
Jorge Méndez comentó que el menor de nombre Luis “N” de 8 años se encuentra en tratamiento médico; sin embargo, no se le ha querido atender, por ello el juzgado federal exige que se informe de las medidas que han tomado para salvaguardar su salud.
Las irregularidades denunciadas
En la denuncia de juicio de amparo, la madre relató que presuntamente fue el padre de uno de sus hijos Luis Cruztitla Mena, quien los entregó al DIF y los funcionarios se han negado en todo momento a que siquiera los vea por una ventana para determinar si están bien o si no fueron dados en adopción.
En el documento, la ministerio público señala que Maciel Merino Aguirre le dijo a Liliana Hernández que deje a los menores en el DIF para darlos en adopción.
Entre los argumentos que se manejan al interior de la dependencia es “abandono, violencia y alcoholismo”, sin que haya sido comprobada alguna de estas faltas.
La mujer denunciante es madre soltera y trabaja en una fábrica, y ha mostrado que sus hijos se encontraban atendidos.
También la procuradora del menor, Fabiola Herrera Rosas, le informó el pasado 17 de julio que se olvidara de los menores porque ya iban a ser dados en adopción a “familias honorables”.
Responden abogados
Abogados de Liliana Hernández Mena, al ser cuestionados sobre la respuesta del Sistema DIF, comentaron que por una orden ministerial, protegiendo a los menores de la violencia intrafamiliar, señalaron que en más de un mes nunca se le tomó su declaración a la madre de los menores.
Señalaron que tampoco fueron presentados los exámenes médicos y psicológicos de los menores donde comprobaran que estaban siendo sujetos a la citada violencia, lo cual demuestra que las faltas legales son aún más graves.