Con ataúdes representando a mujeres asesinadas, enmarcados con el Día de Muertos, activistas se pronunciaron en las principales calles de Puebla contra el feminicidio.

A unos días de que se pronuncie la Comisión Estatal de Derechos Humanos, si se necesita una Alerta de Género en Puebla, ante la ola de crímenes de este tipo, el Observatorio Ciudadano de Justicia Social, condenó que el gobierno de Puebla sea insensible.
En la protesta, donde se lanzaron consignas para exigir justicia, se exigió a las autoridades de la Secretaría de Gobernación federal (Segob) que volteen a ver y activen el Protocolo Alba, para frenar las desapariciones y asesinatos en Puebla.
Y al tiempo de colocar los féretros de cartón afuera de Palacio Municipal en Puebla, recordaron que tan solo a mitad de octubre en menos de 24 horas fueron asesinadas con saña y violencia tres mujeres en diferentes comunidades.
El Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) y el Programa de Género de la Universidad Iberoamericana de Puebla reportan hasta 280 feminicidios de 2010 a la fecha.
 “No podemos permitir una muerta ni una desaparecida más”, señaló una de las cartulinas que llevó el contingente.

 


Afirmó Irene Herrera, integrante del movimiento, que se siguen matando mujeres en Puebla, mientras los responsables de la seguridad del estado se rompen las vestiduras por no exigir los mecanismos de protección a la autoridad federal.
“Condenamos el silencio de las autoridades que se rehúsan a la activación de la Alerta de Genero o Protocolo Alba, por lo que de ser necesario solicitaremos a organismos internacionales su intervención”, indicó.
Anunciaron que solicitarán por escrito y entregaremos los expedientes de cada caso, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para que emita una recomendación y exija a las autoridades mexicanas la habilitación del mecanismo.
“El primer estado del país donde se activó el Protocolo Alba fue en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde las autoridades no tienen que esperar 48 horas para iniciar la búsqueda de una desaparecida”, explicaron.
Y recordaron el caso de Paulina Camargo, la joven de 19 años de edad con cinco meses de embarazo desaparecida el 25 de agosto del 2015, el que fue el detonante de la preocupación de la sociedad poblana, pues exhibe a una Procuraduría General de Justicia incapaz, pues es la fecha que no encuentra su cuerpo ni logran encontrar al feminicida.
“Lo más grave ya lo alertó el consultor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ex titular de la SEIDO de la Procuraduría General de la República (PGR), Samuel González Ruiz, quien hace unos días sostuvo que los casos de feminicidios en Puebla presentan un patrón similar a los casos de Ciudad Juárez, Chihuahua, de la década de los 90”, continuó Irene Herrera.
“El ex funcionario federal dijo que los feminicidios de Puebla no quieren ser investigados por la autoridad porque ya son demasiados”.
“Llamó la atención que son chicas jóvenes que mueren de varias puñaladas, algunas de ellas estaban embarazadas, con indagatorias idénticas que las autoridades ministeriales convierten en un homicidio que puede ser ritual y serial, y que degradan en un crimen pasional”, comentaron.
“Señalamos que el gobierno de Moreno Valle está encubriendo este tipo de asesinatos para evitar que haya una salida de inversión extranjera”, dijo.
Por lo tanto urgieron a las autoridades atender esta problemática, pues como ocurrió en Chihuahua fue el gobierno del estado quien solicitó la implementación del protocolo ante la clara omisión de la Procuraduría General de Justicia local para frenar los casos.
“En ese contexto, demandamos al Instituto Poblano de la Mujer a que se pronuncie públicamente para dar respuesta a los casos en la entidad”, señalaron.

Hicieron un llamado también a la CDH de Puebla a que se centre a efectuar su trabajo sobre el caso de los feminicidios en Puebla, y que deje de acosar a las organizaciones sociales y colectivos ciudadanos a quienes a través de “firmas de convenio” pretende endilgarles esta labor.
“En cuanto a las desapariciones de mujeres, que muchas terminan siendo feminicidios o casos de trata de personas, tampoco hay cifras claras por parte del gobierno del estado”, concluyeron.

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