La presidenta estatal del Partido de la Revolución Democrática, Socorro Quezada Tiempo cuestionó que el nuevo fiscal general del estado, Víctor Carrancá Bourget haya rendido protesta a la media noche del martes como si se tratara de ocultar algo.
En entrevista recordó que hasta el mediodía del pasado 4 de enero en la página del Congreso del Estado se tenía citada la Comisión Permanente para las 10 horas del día siguiente, pero sin un aviso previo se modificó para citar a las cero horas con un minuto del 5 de enero, lo cual aún y cuando sea legal genera dudas.
La también diputada local manifestó que si se habla de transparencia, “las cosas tienen que hacerse a la luz del día, que puedan asistir sin problemas los interesados y no tratar de ocultar los hechos como si se tratara de algo malo”.
Indicó que tratándose de un funcionario como el fiscal, antes llamado procurador debió darse la difusión respectiva y “no pasaba nada si hubiera rendido protesta la mañana o tarde del lunes si consideraban que el tiempo estaba por agotarse”.
Quezada Tiempo expresó que no pueden hacerse cosas buenas que parezcan malas sobre todo por los señalamientos que hay por parte de organizaciones sociales hacía Carrancá.
Cuestionan la figura
El exlíder del Congreso del Estado, José Bailleres Carriles declaró que es una situación atípica la manera en que se dio la protesta ya que pudo haber sido en la mañana del lunes o martes sin necesidad de desvelar a los diputados.
Al ser cuestionado sobre la figura de fiscal general manifestó que está en desacuerdo en que las figuras duren más en el cargo que el titular del ejecutivo pues ningún cargo público debiera durar más de seis años y ahora se quiere romper con este esquema.
Comentó que el procurador de justicia, hoy fiscal, era el asesor jurídico del ejecutivo, y posteriormente se modificó, y esto pone en cierto nivel de vulnerabilidad o de protección excesiva al titular del ejecutivo.
Señaló que hay muchas preguntas al respecto, pues el gobernador termina sus funciones el 1 de febrero, y queda la duda sobre el destino de los expedientes que llegaran a archivarse por intereses particulares, si estos quedarán ‘durmiendo el sueño de los justos’ para evitar que se ejercite la acción penal correspondiente.
Asimismo hay que ver si no se busca seguir cuidando las espaldas al titular del ejecutivo y legislativo que lo llevaron a ocupar el lugar.
Manifestó que está en contra de una gestión de siete años pero a favor de que gobernador con la aprobación del Congreso pueda nombrar al fiscal, pero sin exceder el período.
José Bailleres indicó que no se sabe cuál será la posición después de siete años con un nuevo titular del ejecutivo que no sean afines y entonces el presupuesto sea insuficiente para la procuraduría.
Recordó que el principal problema para la implementación del nuevo sistema penal acusatorio es la falta de presupuesto y este tipo de situaciones pueden generar los poderes legislativo y ejecutivo castiguen a la fiscalía por no pertenecer al grupo político.
Aclaró que se trata de una situación no solo de Puebla sino del resto del país por las designaciones de siete años para el cargo de fiscal.
Recordó que el nuevo sistema implica más jueces, nuevas instalaciones, papelería, y ahí es donde se puede castigar a la fiscalía.