Al grito de “renuncia”, activistas exigieron la salida del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla (CDH), Adolfo López Badillo, durante la toma simbólica de las instalaciones del organismo.
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En la manifestación, integrantes de distintas organizaciones civiles como el Movimiento de Alternativa Social (MAS), colocaron una cruz de papel en la puerta con la leyenda de “clausurado”, así como veladoras.
La mayor exigencia a la CDH es que la dependencia solicite la alerta de género en Puebla, esto debido a los constantes feminicidios ocurridos en el actual sexenio, los que van creciendo cada año.
Marco Mazatle, señaló en las puertas del organismo que en los últimos 5 años Puebla padece uno de los fenómenos sociales más graves del país que tiene que ver con la violencia que padecen las mujeres.
“En particular ofende, duele, la escalada de feminicidios y la desaparición forzada de las mismas”, sentenció, mientras activistas gritaban “ni una más”.
Señaló que se cuentan con datos que nos dicen que a partir del inicio de gobierno estatal al 2015 se contabilizaron 218 feminicidios y en lo que va del 2016 ya se sabe de 4 casos de asesinatos con violencia de mujeres.
La característica principal es la saña en cómo son asesinadas, las edades de entre 13 y 34 años y prácticamente es asesinada una mujer por semana, explicó.
Por lo tanto, el Estado de Puebla ocupa el segundo lugar en la trata de mujeres en el país según la fiscalía especial para los delitos de violencia contra la mujer y trata de personas.
“Es decir, en el Estado de Puebla es un verdadero peligro ser Mujer”, sentenció al indicar que la CDH solo ha servido para proteger al gobierno de Puebla, no solo en el caso de los feminicidios, sino en cuestión de presos políticos.
“La explicación de tan lamentable padecimiento en el tejido social poblano, tiene que ver con la irresponsabilidad en la que se conducen las autoridades cuando se abandonan las Políticas Públicas, el Secuestro de las Instituciones al servicio del Poder Ejecutivo, es decir, al servicio del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas”.
“En el Estado de Puebla carecemos de una vida democrática y civilizada que permita la División de Poderes, el Respeto al Estado de Derecho y las Garantías Individuales”, afirmó.
“La violencia la vivimos a diario, producto del abandono en la que nos encontramos y no hay instancia a quien recurrir pues se encuentran secuestradas la Procuraduría, Seguridad Pública y el Poder Judicial”.
Afirmó Mazatle que en esta misma situación se encuentra la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la que su titular Adolfo López Badillo abandonó por completo su tarea por ponerse al servicio del gobernador, por lo que su negativa de solicitar la Alerta de Genero nos Indigna.
“Exigimos la renuncia de Adolfo López Badillo y declaramos clausurado el recinto hasta que se solicite la Alerta de género”, sentenciaron.
Oídos sordos a los feminicidios
El Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) y el Programa de Género de la Universidad Iberoamericana de Puebla reportan hasta 280 feminicidios de 2010 a 2015.
A pesar de una fuerte presión social para que se emita una alerta de género en Puebla por el alto número de mujeres asesinadas, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) hizo oídos sordos.
A finales de 2015, el organismo presidido por Adolfo López Badillo, informó que no solicitaría la alerta de género dado que "no existen elementos objetivos" para hacerlo y "no se reúnen los requisitos para tal solicitud".
Sin dar la cara el ombdusman hasta la fecha, solo emitió un breve comunicado en el que rechazaba la solicitud de más de 30 organismos sociales que han documentado muerte por muerte.
“El Ejecutivo estatal busca combatir frontalmente el feminicidio, un delito que lastima a la sociedad, ayudando a garantizar la integridad física y seguridad jurídica de todas las mujeres poblanas, así como el respeto irrestricto a sus derechos humanos”, señala el comunicado oficial.
Hasta septiembre de 2015, se habían registrado 60 feminicidios en Puebla, seis más que en todo 2014, según los datos de las organizaciones no gubernamentales (ONG).
Irene Herrera, integrante del movimiento, que se siguen matando mujeres en Puebla, mientras los responsables de la seguridad del estado se rompen las vestiduras por no exigir los mecanismos de protección a la autoridad federal.
“Condenamos el silencio de las autoridades que se rehúsan a la activación de la Alerta de Genero o Protocolo Alba, por lo que de ser necesario solicitaremos a organismos internacionales su intervención”, indicó.
Anunciaron que solicitarán por escrito y entregaremos los expedientes de cada caso, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para que emita una recomendación y exija a las autoridades mexicanas la habilitación del mecanismo.
La mayoría de los crímenes se han registrado en la capital del estado de Puebla, seguida por Atlixco, Tecali de Herrera, Tecamachalco y Tehuacán.
La Alerta de Genero se trata de una serie de acciones que el Gobierno tendría que realizar para hacer frente a la violencia cuando se vuelve exacerbada por feminicidios y violación a los derechos de las mujeres.
Son acciones emergentes que los Gobiernos deben de tomar, una vez que se ha determinado que existe una situación de violencia que lo amerita y que hay que hacer más allá de lo que actualmente se está haciendo.
La última declaración de Alerta de Género ocurrió en agosto pasado para ocho municipios del Estado de Morelos.
En Morelos, durante los últimos 14 años, las organizaciones no gubernamentales han documentado 633 feminicidios,
En su discurso el gobernador Graco Ramírez, aseguró que la alerta se emitía resultado de la violencia registrada en años anteriores.
Pero para el Comité contra los Feminicidios de aquel Estado, al menos 120 feminicidios se han registrado en su administración iniciada en octubre de 2012, cifra menor a la de Puebla, según las ONG, sin embargo aquí hubo oídos sordos.