La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propinó un revés a la administración morenovallista y resolvió a favor del Ayuntamiento de Tehuacán, al determinar que sea el propio municipio quien cobre el catastro, luego que el gobierno estatal arrebató, a inicios del año, los trámites y la recaudación.
Aunque se trata de un revés propinado por el máximo tribunal del país, el síndico municipal Miguel Ángel Romero Calderón consideró que no se trata de un “triunfalismo”.
No queremos verlo como un acto de ‘triunfalismo’ simplemente queremos que ellos (la administración de Rafael Moreno Valle) vean que los recursos propios del catastro se utilizan para cosas que necesita el municipio y estamos dispuestos a colaborar con ellos y ojalá podamos sentarnos a platicar para avanzar”, señaló en entrevista telefónica.
A inicios de este año, 10 minutos antes de la revisión que realizó la Secretaría de Finanzas, nos notificó el director del Instituto Regional Catastral del Estado de Puebla (IRCEP), César Andrés Hernández Morales, que revisaría el área de catastro municipal. Tras una supervisión rápida, nos informó que el CIS y la administración morenovallista se harían cargo del cobro de derechos desde el 6 de mayo de este 2016".
Los motivos que nos argumentaron fueron que el Ayuntamiento carecía de los recursos técnicos y humanos para operar y que además no se había firmado el convenio de colaboración con el estado, relató Romero Calderón.
Explicó que después de mes y medio de que los cobros se realizaban en el CIS y llegaban a las arcas estatales, y de que no lograron ningún acuerdo con el gobierno morenovallista, se interpuso una Controversia Constitucional en la SCJN, la 61/2016.
La determinación de los ministros de la Corte
El 23 de junio de este año, los ministros determinaron que como medida provisional el catastro —y el cobro de los derechos— deberían regresar a las arcas municipales. Se le notificó a través de un oficio a ambas partes y el gobierno del estado interpuso un Recurso de Reclamación, identificado con el número 33/2016.
En él señalaban que no estaban de acuerdo con la determinación y pedían que el cobro de derechos siguiera siendo un beneficio para la administración morenovallista.
La Litis inició y con ello el desahogo de pruebas que duró casi 5 meses. El gobierno del estado de Puebla reiteró que el municipio carecía de recursos humanos y técnicos para operar el catastro; el Ayuntamiento de Tehuacán probó que se había hecho cargo sin reclamos y presentó algunas otras pruebas en su favor.
Este miércoles 23 de noviembre, por unanimidad, los ministros de la Primera Sala declararon infundado el Recurso de Reclamación 33/2016 que había interpuesto el gobierno estatal y determinaron que será el Ayuntamiento de Tehuacán, que gobierna la priista Ernestina Fernández, quien recaude los derechos y cobros procedentes del catastro.
Aunque el juicio final podría presentarse en el pleno de la SCJN dentro de 5 meses o un año más, la resolución preventiva y la reciente permiten prever que el fallo final será en el mismo sentido, explicó Romero Calderón.
¿Habrá cobros dobles?
Miguel Ángel Romero refirió que algunos notarios realizaron los pagos de derechos o de escrituración en el CIS y a nombre del gobierno del estado, por lo cual adelantó que estarán buscando un acuerdo con las autoridades para evitar que los ciudadanos tengan que volver a pagar, ahora en Tehuacán.
El estado tendrá que regresarle a la gente (lo pagado) quizá… Lo que queremos evitar es una discusión entre dos órganos de gobierno y que la gente quede en medio. Plantearé ante el Cabildo alguna salida para buscar que la gente no resulte perjudicada y absorba el gasto la Comuna”, adelantó el síndico.
En el catastro se atienden y cobran derechos y servicios como cambio de escrituras, escrituración, avalúos, actualizaciones prediales, etcétera.
Nosotros queremos sentarnos a platicar para contar con apoyo para tecnología, cursos. Entendemos el convenio de colaboración como una voluntad de dos partes y no como ellos quieren ver, que sea como una condicionante para que si no lo firmas, te quedes sin poder prestar el servicio”, puntualizó el funcionario municipal.