El Partido Revolucionario Institucional salió en defensa de la presidenta municipal de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez tras la determinación de los diputados locales para inhabilitar por 12 años a la alcaldesa, iniciar el proceso para destituirla, fincarle cargos por un daño patrimonial por 76 millones 289 mil 516 pesos y una sanción económica por 152 millones 579 mil pesos, las cuales suman un total de 228 millones 868 mil pesos, así como solicitar a la Auditoría Superior de la Federación un informe por las presuntas irregularidades halladas en su cuenta pública 2014.
Lo anterior tal y como lo establecía la orden del día, en el punto 14
A través de un boletín de prensa, los priistas demandaron que el proceso sea apegado a la justicia y que no se trate de un revanchismo político luego que Fernández Méndez ha sido una de las opositoras al régimen morenovallista.
Recientemente el ayuntamiento de Tehuacán ganó –en la Suprema Corte de Justicia de la Nación- el derecho para que el cobro de catastro se realice en sus instalaciones y no en las estatales, luego que les fue arrebatado ese derecho.
La alcaldesa también denunció que el segundo municipio más importante de Puebla perdió 90 millones de pesos debido a que el gobierno de Rafael Moreno Valle no los transfirió a Tehuacán y prefirió devolverlos a la federación.
Con la resolución tomada este jueves en el Congreso del Estado de Puebla de iniciar un proceso de destitución en contra de la Alcaldesa de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez, se pone en riesgo la gobernabilidad en ese municipio.
Aquí el posicionamiento íntegro:
El Comité Directivo Estatal del PRI exige el cese a las acciones emprendidas en contra de la Presidenta Municipal, autoridad electa democráticamente por el voto de los ciudadanos de Tehuacán.
El PRI demanda que el proceso que se le siga a la Alcaldesa, se apegue a total legalidad y no sea un instrumento político por no doblegarse ante imposiciones del gobierno estatal, que violentan el respeto a la autonomía constitucional de los municipios.
Sin lugar a dudas, en el PRI somos los primeros garantes de la transparencia y la rendición de cuentas de todos los funcionarios que emanan de nuestras filas pero, no toleraremos actos que perjudiquen a la sociedad poblana.
Esperamos que el Poder Judicial de la Federación, instancia en la que confiamos plenamente, resuelva este caso conforme a derecho y apegado a las garantías constituciones de la Presidenta Municipal.