El Polo de Fuerzas Progresistas prepara la solicitud de juicio político en contra del gobernador, Rafael Moreno Valle, la destitución de los magistrados que haya nombrado, así como de los jueces de consigna, una vez que ya no se requerirá el juicio de procedencia al terminar su fuero el 31 de enero, fecha para la cual se prepara una manifestación para festejar su partida.

En rueda de prensa, representantes de agrupaciones, así como el académico Eudoxio Morales, explicaron que Rafael Moreno Valle sí puede ser enjuiciado políticamente un año después de dejar el cargo, por lo que se está preparando la documentación para que el Congreso del Estado o la Cámara de Diputados federal lleve a cabo el juicio en contra del gobernador.

Alejandro del Castillo, explicó que el poder legislativo cuenta con un año para poder ejercer el juicio político a un gobernador una vez que ha dejado el cargo y, después del 1 de febrero, se tiene la ventaja de que no se tendrá que realizar el trámite de juicio de procedencia, el cual debe efectuarse cuando se cuenta con el fuero.

En la lectura del comunicado Eudoxio Morales precisó las demandas del movimiento, al mismo tiempo que indicó que él estaba apartado de la política, sin embargo, ha sido amenazado tras señalar la deuda del gobernador que dejará al estado endeudado por cerca de 75 mil millones de pesos.

Las demandas de los movimientos agrupados son:

Juicio Político a Moreno Valle.

Inmediata destitución de los magistrados impuestos por el gobernador.

Inmediata destitución de los jueces de consigna.

Restablecimiento de la legalidad constitucional en el municipio de Puebla.

Libertad inmediata a los presos políticos.

Inmediata salida de la actividad política de la Legión Extranjera.

Declaratoria como persona non grata al verdugo de Chalchihuapan, Eukid Castañón.

Eudoxio Morales  en la lectura del documento sostuvo que en Puebla se han cometido violaciones constitucionales, mientras que la reforma a la Ley Orgánica Municipal significó el desconocimiento del gobierno de los pueblos y la posibilidad  de nombrar sin apego al artículo 115 constitucional a los presidentes municipales.

Expuso que el caso más claro es el del presidente municipal de la capital  Luis Bank Serrato, quien fue designado pero no electo como lo establece la constitución general de la república.

El nombramiento de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, que no son poblanos, significó la imposición total del ejecutivo al poder judicial, propiciando la total negación de la división de poderes en el estado.

Precisó que el control del poder judicial llevó consigo la existencia de los jueces de consigna que mantuvieron la sumisión ante el gobernador y, entre ellos, se encuentran los titulares de los juzgados Tercero, Noveno y el de Cholula que cometieron toda clase de abusos y arbitrariedades  en contra de los opositores a las políticas ilegales de Rafael Moreno Valle.

En el documento se señala al poder legislativo y resaltan que solo los diputados Socorro Quezada Tiempo del PRD, así como Julián Peña Hidalgo, fueron quienes no actuaron como lacayos del gobernador.

La deuda

El especialista Eudoxio Morales, comentó que el endeudamiento que deja Moreno Valle por más de 75 mil millones de pesos es un monumento a la opacidad, además, las deudas contraídas con el esquema de los PPS son un disfraz que pretende ocultar el dispendio y la malversación de los recursos públicos.

La Legión Extranjera

El movimiento que llevará a cabo acciones a partir de enero para el juicio político se refirió a la llamada Legión Extranjera, ya que el gobernador despreció a los poblanos y puso como capitán a Eukid Castañón, quien utiliza como prestanombres al secretario de Gobernación Diódoro Carrasco Altamirano para ejecutar acciones en contra de los poblanos.

La fiesta

Anunciaron que el lunes 30 de enero se tiene programada una marcha para celebrar el fin del sexenio de Rafael Moreno Valle, una de las etapas más oscuras que ha vivido Puebla, pero no quedará impune, resaltaron.

Señalaron que tendrá que darse el restablecimiento de la vida constitucional en el estado y castigar a quienes en verdad han saqueado Puebla durante los últimos seis años.