La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), atraerá el caso del perseguido político del morenovallismo, José Roberto Formacio Ramírez, quien tiene en su contra una orden de aprehensión por manifestarse en contra de las obras del parque de las 7 culturas en Cholula.
En entrevista, Formacio Ramírez señaló que desde 2014 ha sido perseguido político del gobierno estatal de la administración de Rafael Moreno Valle.
Como se recordará acusado por el ayuntamiento de San Andrés Cholula, como probable responsable de los delitos de motín, ataques a las vías de comunicación, daño en propiedad ajena, contra espectaculares, contra la presidencia, así como por el delito grave de despojo; éste último, la razón por la cual no alcanzaría fianza.
Todo, dijo, por defender la pirámide de Cholula y el santuario de la virgen de Los Remedios, por lo que acudió al máximo tribunal del país luego que le han rechazado 3 amparos y 2 recursos de revisión interpuestos ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de Puebla.
El activista fue señalado junto con otros 13 pobladores de San Andrés Cholula e integrantes del Movimiento Cholula Viva y Digna, tras un plantón el 6 de octubre de 2014 en el ayuntamiento, un día antes de que Paul y Adán Xicale fueran detenidos y encarcelados.
De todos los señalados y detenidos, ahora solo Formacio Ramírez, es el único perseguido por el delito grave de despojo por la toma de la presidencia sanandreseña, presidida por el panista, Leoncio Paisano Arías.
José Roberto Formacio comentó que después de que se le giró la orden de aprehensión interpuso tres amparos y dos recursos de revisión ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de Puebla: “Con los 3 amparos me quitaron los delitos de daño en propiedad a espectacular, ataques a las vías de comunicación, motín, sin embargo todavía mantengo el delito de despojo, lo cual es grave, porque no alcanzo fianza”.
De este modo aseguró que los jueces están violando la ley en el principio de igualdad procesal, ya que existen al menos siete resoluciones de jueces federales que amparan al resto de los integrantes del Movimiento Cholula Viva y Digna, que están en la misma situación.
Dijo que se determinó que no existe el delito de despojo e incluso, este criterio fue confirmado por el magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, Manuel Barajas Vélez en dos recursos de revisión a favor de Adán y Paul Xicale, así como el de Karina Pérez Popoca.
En esta resolución el magistrado determinó que el delito grave que le imputan no es aplicable con el cierre de la presidencia de San Andrés Cholula, pues para que pudiera encuadrar el tipo penal de despojo, la intención de los sujetos debería ser substraer un bien con el objeto de apropiarse de él con fines lucrativos, lo cual no sucedió, dijo la juez en el resolutivo.
“Al resolver el magistrado Manuel Barajas bajo la contradicción de que, para dos casos no existió el delito de despojo y para el mío sí, esto no solo me afecto de manera discriminatoria sino me dejo en estado de indefensión contra tal criterio”, reclamó.
Señaló que contra el recurso de revisión no existe otro medio de impugnación, elevando la resolución a cosa juzgada. “Así lo determinó el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en Puebla al sobreseer el último amparo”, comentó.
El también ex catedrático de la UAP, decidió solicitar la intervención de la Primera Sala de la SCJN, asignándosele el número de expediente 41/2017, el cual será revisado por los ministros de esta sala en próximas fechas para decidir si el caso es de especial trascendencia a nivel nacional.
“Mi caso no tiene un sustento legal es meramente político, somos perseguidos políticos por defender nuestro patrimonio cultural y arqueológico. Tanto Leoncio como el Juez de Cholula, fueron los instrumentos de represión del ex gobernador”, aseguró.
“Ante la falta de justicia en Puebla durante el gobierno de Rafael Moreno Valle y la interminable lista de irregularidades judiciales, se decidió llevar a manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este caso particular”.
“Será de especial relevancia para el Estado de Derecho en Puebla y la independencia de poderes, que este caso sea analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo.