La solicitud de juicio político en contra del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas presentada ante el Congreso de la Unión en enero de 2017 nunca fue dictaminada en comisiones a pesar de que le dio entrada la Cámara de Diputados, por lo tanto la próxima legislatura con una mayoría de legisladores de Morena cuenta con los elementos para abrir el expediente.
La diputada Socorro Quezada Tiempo, indicó que “ha llegado el momento de rendir cuentas de lo que se hizo contra los partidos políticos y sobre todo con la sociedad en los últimos ocho años, y uno de los responsables es el exgobernador”.
Quezada Tiempo expresó que ella en tribuna del Congreso del Estado se refirió al tema pero sus compañeros no la secundaron, pero ahora es la oportunidad de que haya legalidad y se sancionen los excesos de ocho años.
La legisladora comentó que el documento que ella respaldó fue presentado por los abogados Alejandro del Castillo, Jorge Méndez Spínola, Hilario Gallegos, entre otros partiendo que el juicio político contra un gobernador se puede solicitar durante el año siguiente al término de su mandato.
Explicó que al haber dado entrada pero no dictaminarlo, el proceso sigue abierto y la legislatura federal puede enjuiciar a Rafael Moreno Valle ya como senador de la república.
Los excesos
La diputada precisó que el documento por el cual se pidió el juicio político fue a causa de los más de 300 presos políticos en el sexenio, la deuda de 76 mil millones de pesos, el derroche de recursos en obras que no combatieron la pobreza en el estado y la venta del patrimonio.
Recordó, que al concluir la anterior administración estatal, se puso a la venta en medio de la opacidad 45 bienes propiedades del estado, entre inmuebles y terrenos, además de haber entregado a particulares una superficie superior a las 500 hectáreas, siendo AUDI la empresa favorecida con el 90 por ciento de estas.
Documenta en proceso
El 13 de enero de 2014 la Cámara de Diputados dio entrada a la solicitud de juicio político en contra del gobernador Rafael Moreno Valle quien en caso de ser responsable de los señalamientos que se hacen en la denuncia podría enfrentar la inhabilitación, multa e incluso el inicio del procedimiento penal.
El documento de aceptación por parte de la Cámara de Diputados fue fechado el 13 de enero por el área jurídica, y entregado a las 18 horas de ese mismo día, con lo cual se abre el proceso para investigar el actuar del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.
Quienes presentaron el documento señalaron que de acuerdo a la ley se tiene un año al dejar el cargo para poder llevar a los gobernadores a juicio político, y en el caso de Rafael Moreno Valle decidieron que fuera ya en el último mes de su administración para evitar el trámite de desafuero del ejecutivo que podría ser muy largo.
Sobre las determinaciones que puede tomar la Cámara de Diputados en caso de encontrar culpable al gobernador se encuentra la inhabilitación para que desempeñe un cargo público, recomendar a la Fiscalía General de la República que lleve a cabo el proceso penal en su contra, además de dar parte a la Auditoría Superior de la Federación para que se aplique una multa a quien será ex gobernador de Puebla a partir del 1 de febrero.
Los demandantes entregaron una caja de expedientes que se entregó a la Cámara de Diputados que servirán como prueba para llevar a cabo las investigaciones, además aclaró que no se van a detener una vez que el poder legislativo considera que si hay elementos para iniciar el procedimiento.
Violaciones a los derechos humanos
Entre los documentos que se presentaron se encuentran las pruebas por la violación a los derechos humanos en el estado por parte del poder ejecutivo, abordando el caso Chalchihuapan donde un menor de edad fue muerto a causa de los disparos de la policía al reprimir una manifestación.
Se encuentran también expedientes de algunos de los 241 presos políticos contabilizados en el gobierno de Rafael Moreno Valle.
Los abogados que entregaron las copias de las leyes aprobadas por el Congreso del Estado, y cuyas iniciativas fueron enviadas por el gobernador, entre ellas se encuentra la Ley Bala que tras los hechos de Chalchihuapan fue alterada.
Una ley que se incluye en violaciones a los derechos humanos es la Anti grafiti que ha sido considerada inconstitucional y violatoria a la libertad de expresión.
Ataque a la libertad de expresión
En lo referente a la libertad de expresión se expuso la intención al iniciar el gobierno se presentó la iniciativa de Ley Mordaza, misma que tuvo, repercusiones tanto a nivel nacional como internacional por la mordaza que se intentaba poner a medios y las multas extremas.