El presidente de la Mesa Directiva, José Juan Espinosa Torres, advirtió que el gobernador, José Antonio Gali Fayad tendrá un costo político, social y jurídico en su intento por vetar las reformas de ley que han sido aprobadas por el Congreso del estado, por lo que urgió a que a la brevedad sean publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
A quince días de iniciada la LX Legislatura, diputados han reformado leyes como la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, la Ley de Expropiación, la Ley que Regula el uso de las fuerzas de los cuerpos de seguridad pública, así como la Ley Orgánica Municipal, para regresar las facultades a los cabildos para nombrar a los presidentes municipales ante la ausencia del presidente electo.
En este sentido, Espinosa Torres lamentó que el jefe del Poder Ejecutivo incumpla con publicarlas a la brevedad en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, para que entren en vigor; pues aseguró que estas modificaciones a ordenamientos obedecen a demandas sociales.
Los tiempos legales corren, nunca antes en la historia de Puebla un gobernador ha vetado una ley, han sido muy pocos casos a nivel nacional, no más de seis o siete casos, donde gobernadores vetan decisiones de sus Congresos, pero vamos a ver en qué tono actúa a quien le quedan muy pocos días al frente de la titularidad del Poder Ejecutivo”, señaló.
El legislador local demandó que el gobernador, José Antonio Gali Fayad se conduzca con respeto a la LX Legislatura local, pues de no publicar las modificaciones a ordenamientos estaría violando la autonomía del Poder Legislativo, ya que son decisiones que se han tomado por mayoría.
Recurrirá Congreso a SCJN
El legislador local advirtió que el Congreso del estado recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el caso de que el Gobierno del estado se niegue a publicar las reformas a ordenamientos y en su caso las vete.
En este sentido, refirió que el procedimiento jurídico es que a más tardar en 15 días el gobierno del estado tiene que emitir una postura respecto a las reformas, de encontrar observaciones, las dos terceras partes del Congreso tendrían que aprobar los ordenamientos, de no llegar a un acuerdo entonces los congresistas locales del bloque de “Juntos Haremos Historia” recurrirán a la SCJN.
Dar a conocer si veta o no estas reformas se frenarían porque tendrían que ser discutidas de nueva cuenta y posteriormente se requerirían las dos terceras partes para poder aprobarlas, pero vamos a ver qué decisión toma el gobernador o el ex gobernador, porque no sabemos quién este vetándolas”, señaló.
El anuncio que la semana pasada realizó el titular de la Secretaría General de Gobierno, Diodoro Carrasco Altamirano, en el sentido de vetar algunas reformas consumadas por el Legislativo, dijo José Juan Espinosa Torres, traerá un costo político, social y jurídico, por lo que es necesario que el Ejecutivo cumpla con su función y no viole las decisiones que por mayoría se han tomado en el Legislativo. “
El secretario general de gobierno y tendrán que asumir el costo político y en algunos temas jurídico, ya que hay reformas que de no aprobarse o vetarse por parte de Ejecutivo del Estado todavía podremos acudir ante la SCJN. El gobernador puede vetar todo el trabajo legislativo y en cada veto se estaría violentando la soberanía que radica en este Congreso que por una amplia mayoría de ciudadanos definieron la conformación de este Poder muy distinta a la que se tenía en los gobiernos del PAN, habrá un costo político e incluso social porque son temas de interés público”, refirió.
Ley del Periódico Oficial del Estado
Luego de que el Gobierno del estado ha frenado la publicación de ordenamientos, el coordinador del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Gabriel Biestro Medinilla anunció que esta misma semana se estaría aprobando la Ley del Periódico Oficial del Estado, la que pone plazos para las publicaciones de reformas, leyes, convocatorias y acuerdos de autoridades.
Finalmente, Biestro Medinilla recordó que el tema está analizándose en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y se confía en el consenso de los diputados para avalarse.