El gobernador, Miguel Barbosa, sentenció que quien pierde es Puebla, luego de la controversia constitucional que sigue su curso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con respecto al control de la seguridad, que promovió el ayuntamiento de Puebla.
La Corte, dijo, sólo otorgó una suspensión “hasta que se decida sobre este aspecto en la controversia planteada”, por lo que este tema jurídico no favorece ni al gobierno del estado ni al Ayuntamiento de Puebla.
“Lo que resuelve la Corte son dos casos: el primer decreto que ya está agotado en plazo y el nombramiento de Carla Morales, pero están vigentes otros dos decretos, los últimos, entonces, la discusión en la Corte sobre si el gobierno del estado deba asumir la seguridad pública en el municipio está vigente, aquí nadie ganó, aquí quien pierde es Puebla, pero nosotros desde el gobierno del estado nos hemos hecho cargo de las detenciones, de la seguridad pública”, dijo el gobernador.
Se refirió este jueves a lo resuelto por la Segunda Sala de la SCJN, la cual concluyó que “la concesión de la suspensión no tiene efectos restitutorios porque los efectos de los actos impugnados no se han consumado. De tal modo que la medida se concedió para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran”.
En este sentido, el jefe del Poder Ejecutivo estatal refirió que recientemente se renovó el decreto para el control de la seguridad en el municipio de Puebla, sin embargo, mientras se concluye el tema jurídico, en los hechos, dijo, es su administración la que se hace cargo de la seguridad en la capital.
“No quiero entrar en debate, pero a ver, de lado del ayuntamiento detienen a puros borrachitos, todos los delincuentes de Puebla los hemos detenido desde la seguridad pública del gobierno del estado y eso está a la vista”, dijo el mandatario local.
Conflicto de purificadora
Por otra parte, Miguel Barbosa, pidió la intervención del gobierno federal para destrabar el conflicto en la empresa Bonafont, ubicada en Juan C. Bonilla, pues los habitantes de dicha demarcación afirman que la empresa extrae el agua de manera ilegal, dejando sin el líquido a los habitantes de esta región.
El mandatario local pidió que “se involucre la Secretaría de Gobernación federal, hemos estado en diálogo desde que el asunto arrancó, no es nada fácil porque los reclamantes son organizaciones ya muy hechas, pero la delegación de la Secretaría de Gobernación federal se meta a resolver y juntos Gobernación federal y estatal lo van a resolver bien”, dijo el gobernador.
La exigencia de habitantes de Juan C. Bonilla para que la empresa se retire de este municipio provocó que desde el mes pasado se mantenga un plantón, por lo que la firma ya solicitó que intervengan los gobiernos federal y Estatal en estos temas, pues de aquí dependen decenas de empleos.
A través de un boletín de prensa, el vicepresidente de asuntos corporativos de Bonafont, Fabrice Salamanca, indicó que desde 2004 la firma opera con normalidad y “es importante aclarar que nuestra planta opera totalmente independiente al suministro de agua que ocupa la localidad”, se informó.
