El pleno del Congreso de Puebla, recibió la solicitud de los diputados de Morena, Eduardo Castillo López y Azucena Rosas Tapia para la destitución del Auditor Superior del Estado (ASE), Francisco "N", al indicar que al haber sido sujeto a un proceso penal, no cumple con los requisitos para continuar en el cargo.
Fue en la sesión ordinaria, al abordar el tema de asuntos generales donde se leyó el documento en el cual se da la argumentación de porqué debe ser separado Francisco "N", del cargo el funcionario del órgano fiscalizador.
Uno de los argumentos que se exponen es que la ley establece que el auditor debe gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional, o inhabilitado en cualquiera de las esferas de gobierno.
Los legisladores señalan que la probable intervención en el delito de violencia intrafamiliar, constituye una situación de hecho y de derecho que compromete el cumplimiento de buena reputación, sin faltar al principio de presunción de inocencia.
Juez envía notificación
Asimismo el Congreso de Puebla recibió la notificación formal sobre la vinculación a proceso del auditor general, suspendido de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco "N", por el presunto delito de violencia familiar.
Durante la sesión pública ordinaria, la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Karla Martínez Gallegos, dio cuenta del oficio enviado por 1011/2022/Cholula enviado por el Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente, Javier Vázquez Fernández.
Mencionó que el documento refiere que se mantiene vigente la suspensión temporal del cargo de auditor general y Francisco “N” enfrenta una vinculación a proceso penal por las agresiones físicas y verbales en contra de su esposa y el hijo de su pareja.
“Mediante el que informa que se decretó auto de vinculación a proceso y que subsiste la medida cautelar impuesta dentro del proceso penal con el número CJA/631/2021/Cholula”.
Martínez Gallegos turnó el documento a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, la Comisión de Control y Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado y al ente fiscalizador para que tomen conocimiento sobre esta resolución.