El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina pidió a los diputados federales Ignacio Mier Velazco, así como Alejandro Carvajal, no mentir, ya que el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), no es un nuevo impuesto, además los llamó a gestionar ante la federación más recursos para los ayuntamientos y con ello no habría dicho cobro.

En conferencia de prensa indicó que Mier Velazco y Carvajal Hidalgo deben seguir la ideología de Morena y no mentir sobre el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) y en lugar de pronunciarse en contra que se pongan a trabajar para bajar recursos a Puebla en 2023.

Criticó la postura de los legisladores federales afirmando que ambos están haciendo una mala interpretación sobre la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y reiteró que no se trata de un impuesto sino del cobro de un derecho.

Enfatizó que hasta el momento ninguno de los dos ha podido demostrar que su trabajo en la Cámara de Diputados está dando resultados y generando beneficio para los poblanos por lo que en lugar de cuestionar las decisiones del Congreso del Estado deberían gestionar obras para Puebla.

“Primero que nada no recibimos línea de nadie, lo que hacemos lo actuamos en conciencia y lo analizamos. En la forma de pedir está el dar, si a nosotros nos hacen una propuesta para que la analicemos con mucho gusto la estudiamos, pero hay que dejar en claro que primero es en conciencia y segundo lo que nos marca la ley es como actuamos”.

Céspedes Peregrina apunto que el cobro del DAP quedará establecido en la Ley de Ingresos y en consecuencia los ayuntamientos deben transparentar la aplicación de este recurso y brindarle certeza que es ejercido para beneficio de los ciudadanos.

Sergio Salomón, indicó que se confiaba en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarará la constitucionalidad de la fórmula aprobada para el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP).

Expuso que se corrigieron los vacíos legales que existían en el cobro de esta contribución y se estableció claramente la facultad que tiene el Congreso para permitir a los ayuntamientos integrarla en sus Leyes de Ingresos y que se transparente la aplicación de lo recaudado.

“Lo que hicimos fue que los ciudadanos tuvieran claro que está apostándole al alumbrado público y que el municipio lo registra dentro de su Ley de Ingresos y la Corte había señalado a la legislatura anterior que la fórmula que se había propuesto no era la adecuada (…) Había un cobro que se estaba dando sin el marco legal que se requería en nuestra constitución y eso fue lo que hicimos, eso no es una mentira”.