El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Eduardo Castillo López, aclaró que los legisladores sólo dieron las herramientas a los ayuntamientos para que, dentro de la legalidad, puedan obtener más recursos, y pidió a algunos diputados que dejen de mentir.
Puntualizó que los presidentes municipales que cobrarán el Derecho de Alumbrado Público (DAP) en 2023 están obligados a transparentar los recursos recaudados y la aplicación de los mismos, sentenció el presidente del Congreso de Puebla.
Precisó que, tras la aprobación de esta solicitud, los 154 ediles tendrán que rendir cuentas a los ciudadanos de manera periódica sobre el monto que estarán ingresando a las arcar municipales por esta contribución.
Castillo López subrayó que los alcaldes tendrán que cumplir con su obligación de mejorar el servicio de alumbrado público en sus municipios e instalar luminarias en donde actualmente no existen para justificar el cobro del DAP.
“Es para beneficio del servicio, es para mejoras del alumbrado público y con esto lo que estamos haciendo es que haya paz y tranquilidad y que no haya engaños porque el DAP no es un impuesto, es algo que venía cobrando CFE y no sabíamos a dónde se iba ese dinero y ahora ya sabemos que se va a ocupar para mejoras de obra pública. Hago el llamado para que transparenten el recurso”.
También expuso que los ciudadanos deberán exigir a sus autoridades municipales que brinden un servicio de alumbrado publico eficiente y en caso de no ser así tendrán que presentar las quejas correspondientes para que se actúe en consecuencia.
De los señalamientos que hizo un grupo de legisladores sobre que se trata de un impuesto, indicó que lamentablemente hay quienes mienten, y la explicación que se dio la noche de martes fue clara, en el sentido de que la SCJN declaró legal la fórmula.
Dijo que ahora otros estados se han acercado al Congreso del Estado para copiar la fórmula de cobro que no afecta a los ciudadanos.
Congreso fortalece instituciones
Por otra parte el legislador indicó que para cerrar el año, se siguió fortaleciendo a las instituciones con la aprobación de las leyes secundaria.
Precisó que no solo se refiere a un cambio en la estructura orgánica de las instituciones jurisdiccionales, sino un verdadero fortalecimiento de la institución judicial y los órganos que la comprenden, estableciendo reglas claras para los procedimientos de responsabilidad administrativa de sus funcionarios, así como mecanismos que aseguren la separación funcional de la actuación jurisdiccional, evitando la concentración de poder por parte del Presidente del Tribunal Superior de Justicia que, hasta antes de la reforma constitucional, presidía a su vez el Consejo de la Judicatura.
Lo que se busca que con la expedición de un nuevo marco legal en la materia se generen las condiciones para que las autoridades encargadas de impartir justicia tengan el compromiso de servicio con objetividad, integridad, honestidad, transparencia, eficacia y eficiencia y quienes no cumplan con sus funciones en el servicio tengan presente de una posible sanción.