Francisco Castillo Montemayor, uno de los presos políticos durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, obtuvo la orden de la justicia federal con el amparo 869/2022-VIII-16 a fin de que en la denuncia por abuso de autoridad, delitos cometidos en la administración de justicia, tráfico de influencia, y otros, sean llamados a declarar el ex fiscal Víctor Carrancá Bourget, el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano, así como otros implicados en la privación de su libertad.

En conferencia de prensa, acompañado de sus abogados, uno de ellos Tonatiuh Sarabia, advirtió que la juez Beth Irma Pérez, quiso archivar el expediente, aduciendo que al haberle otorgado la justicia federal el amparo para obtener la libertad absoluta, era una manera de resarcir el daño que se le causó al ser detenido.

De acuerdo al documento firmado por Julio César Márquez Roldán, Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Puebla, no se puede dar el llamado carpetazo y se tiene que investigar la participación de los funcionarios en las acciones ilegales.

“En el desarrollo de dicho ejercicio jurídico, la juez responsable deberá hacerse cargo de constatar si la obligación de investigar y perseguir los actos delictuosos denunciados por el hoy quejoso ********* ******* ******** **********, fue asumida por el Estado como una obligación propia y no como un mero trámite, si realmente se trata de una investigación seria, imparcial y efectiva, en donde se utilizaron todos los medios legales disponibles que permitieran la persecución, captura, enjuiciamiento y, en su caso, sanción a los responsables de los hechos, especialmente cuando están involucrados funcionarios o funcionarios.”

“Para lo cual, habrá de ponderar si los antecedentes génesis de la denuncia formulada por parte de la víctima, aquí quejosa, se referían al hecho con apariencia de delito de peculado o a los hechos con apariencia de abuso de autoridad, delitos en la administración y procuración de justicia y tráfico de influencias, pues con relación a estos últimos hechos delictivos, no debe olvidarse que los investigados son las personas denunciadas y no el quejoso”.

Castillo Montemayor reiteró que no existió delitito luego de que estuvo privado de su libertad por casi dos años, y sujeto a violaciones a sus derechos humanos.

Recordó que fue encarcelado por órdenes del gobernador Rafael Moreno Valle luego de denunciar que se estaba destruyendo el parque Flor del Bosque.

Insistió en que fue acusado del delito de peculado en medio de todo tipo de violaciones a sus derechos humanos. Acusado por el Ministerio Público, fue públicamente vejado, señalado a nivel nacional de haber sido un servidor corrupto al cual había que dar un escarmiento, y enviado a la prisión -y posterior arraigo domiciliario- por más de un año; para que, después de un dilatado proceso penal, fuese declarado absuelto al nunca haber existido el delito por el que fue enviado a la cárcel.

Dijo que ahora se sienta un precedente y es uno de los 166 presos políticos del morenovallismo que fueron absueltos, aunque sólo él ha denunciado.