A una semana de su aprobación los Congresos de Sonora, Veracruz, Campeche, Quintana Roo, Estado de México, Ciudad de México, Sinaloa y Nuevo León, solicitaron al de Puebla la llamada Ley Monzón que además de retirar la patria potestad al feminicida, la pena de prisión incrementa hasta los 70 años.
Así fue revelado por la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Congreso del Estado, Mónica Silva Ruiz al indicar que la Ley Monzón, aprobada por el Congreso de Puebla, podría ser replicada en otros estados para proteger a los menores de edad.
Recordó que una vez que fue avalada la reforma al código civil y penal de Puebla, un número importante de legisladores se pusieron en contacto con ella para solicitar el dictamen de la iniciativa, lo cual pone a Puebla en la mira nacional por estar legislando en favor de las mujeres y combatiendo la impunidad.
Explicó que las diputadas interesadas pertenecen a varios estados, incluso adelantó que podría llegar a nivel federal protegiendo el interés del menor.
“Debo compartir con mucho gusto que se han acercado compañeras diputadas de otros congresos de todo el país (…) Así que lo tengo muy presente porque cada una me ha escrito para pedirme el dictamen, la iniciativa y estoy convencida que seguiremos haciendo ruido con la ley Monzón en todo el país”.
Silva Ruiz aseveró que en caso que se concrete la aprobación de esta iniciativa en otros estados, quedarán protegidos los hijos de las madres que fueron asesinadas por sus padres y su guarda y custodia quedará en manos de un familiar que garantice su estabilidad.
Expresó que las reformas al Código Civil y al Código Penal quedarán en la historia para velar por el interés superior del menor, al suspender la patria potestad de los hijos en común del agresor con la víctima, desde el auto de vinculación a proceso por el delito de feminicidio o su tentativa.
Al aprobarse la Ley Monzón, suspende en automático la patria potestad a quien sea vinculado al delito de feminicidio, ya que actualmente el responsable aún puede gozar de la custodia del menor, hasta que sea sentenciado.
Recordó que se trata de una iniciativa que surgió a raíz del asesinato de la activista Cecilia Monzón, ya que legalmente el presunto feminicida Javier “N”, mantenía la patria potestad del menor, y tuvo que realizarse un proceso para que la abuela pudiera llevarlo a España que es donde radica.
Indicó que se trata de una protección al menor, ya que actualmente hasta que no haya una sentencia, la patria potestad queda a manos del sujeto acusado de feminicidio.