Tal como lo adelanté el día ayer, tengo información confiable que me permite asegurar que será este lunes cuando un partido político presente a las autoridades competentes la demanda en contra del gobierno del estado por utilizar su infraestructura para apoyar las aspiraciones presidenciales del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero.
La demanda incluye al gobernador Rafael Moreno Valle, su vocero Sergio Ramírez y funcionarios estatales, que según confesión pública asistieron en representación del gobierno del estado y no a título personal.
Como se recordará, la confesión del delito estuvo a cargo de la Dirección de Comunicación del Poder Ejecutivo del estado de Puebla, dependencia que colocó en un estado de ilegalidad al propio gobernador, quien seguramente pensaba resolver cualquier cuestionamiento por su presencia en el acto de Ernesto Cordero, respondiendo que asistió como ciudadano y no como mandatario estatal.
De esta forma, la carta-confesión es una prueba contundente que los partidos políticos tienen para integrar los expedientes en contra del gobierno del estado y presentarlos ante las autoridades competentes: el IFE, la Fepade y la propia Contraloría del estado.
Las violaciones legales están claramente estipuladas en diversos preceptos, entre ellos el artículo 134 de la Constitución General de la República, el 50 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Puebla, y el 347 del Cofipe, entre otros.
Dice una máxima jurídica: “A confesión de parte, relevo de pruebas”.
Y esta vez, aplica a la perfección en todas sus letras.
Sin duda los morenovallistas están en aprietos.
La segunda demanda, que estará a cargo de otro partido político, se presentará sólo si Ernesto Cordero se registra como candidato a la presidencia de la República.
En fin, veremos y diremos.