La aprobación de la Ley Electoral en Puebla, en la que se determina una reducción del período electoral, es una violación flagrante a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual en su artículo 105 determina: Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.
Si partimos de que el proceso electoral de 2013 inicia formalmente el 15 de noviembre de este año, tenemos que para el día de ayer faltaban 80 días para el arranque del período electoral, lo cual impide al Congreso del estado a realizar modificaciones legales al mismo.
Considerando que en la sesión del Congreso del estado ayer se decidió modificar el período electoral, ésta implica unas modificaciones fundamentales a la ley en la materia, lo cual abre las puertas para que se promueva una “Acción de Inconstitucionalidad”, la cual echaría por la borda el albazo legislativo realizado el día de ayer por parte de los diputados locales, quienes avalaron esta iniciativa mostrando su ignorancia en materia jurídica y un total entreguismo a los designios del gobernador Moreno Valle.
De acuerdo con la propia Constitución Política, las “Acciones de Inconstitucionalidad” en un caso como el que hoy nos ocupa, pueden ser presentadas dentro de los siguientes 30 días siguientes al hecho de violación, por los representantes de los partidos políticos, o en su defecto por la tercera parte de los diputados que conforman la Legislatura o incluso por el procurador general de la República.
En esta lógica, y ante la sumisión de los legisladores y la falta de un interés legítimo y directo del procurador, el único que podría impugnar la dictatorial medida es el Partido Acción Nacional, que es el directamente afectado por interferir esta ley en los intereses del Comité Directivo Estatal blanquiazul.
Para nadie es un secreto que las repentinas reformas electorales obedecen a la derrota política que la dirigencia nacional del PAN le propinó al gobernador poblano al determinar que no habría cambios en la presidencia estatal panista, lo cual le impide a Moreno Valle imponer a un incondicional como líder de este partido.
Las razones jurídicas que argumentó la dirigencia nacional del PAN para mantener a Juan Carlos Mondragón, es que al estar dentro de los 90 días del inicio del proceso electoral, era inviable que se realizara una asamblea para cambiarlo y que debía permanecer en la dirigencia estatal por un año más. En respuesta, los asesores del gobernador encabezados por el subsecretario de Gobierno, Enrique Quiroz Acosta, quien expuso al gobernador una histórica derrota política, ya que la violación constitucional es irrefutable. Ahora, habrá que ver si la dirigencia panista se atreve a interponer la “Acción de Inconstitucionalidad”, o si prefiere tomar el camino fácil al nombrar a un delegado especial para evitar más fricciones.
Al final de la historia, es evidente que la rebeldía del gobernador implica una costosa factura, misma que —tarde o temprano— será cobrada por los panistas.
Por lo pronto, nadie puede negar que el panismo poblano viva una grave crisis, y que en esta guerra civil perdieron todos: yunquistas y morenovallistas.