Pese a que Puebla es la cuarta ciudad más importante del país, considerada como una de las capitales con mayor derrama económica, con incrementos en el sector turístico, con magnas obras patrocinadas por el gobierno del estado y con la proliferación de restaurantes especializados en carnes, aún sufre uno de los peores riesgos en salubridad: la mitad de la carne que consumimos proviene de mataderos clandestinos.
Aunque parezca increíble, Puebla no tiene un rastro TIF, certificación que avala las buenas condiciones higiénicas de la carne que comemos los poblanos. Pese a que en el dicho el tema es prioridad de los gobernantes capitalinos, sobre todo en periodos de campaña, la realidad es que ni priistas ni panistas han podido (o querido) resolver esta grave situación, que pone en riesgo a todos los consumidores.
Este miércoles el diputado priista Lauro Sánchez puso el dedo en la llaga al informar que dentro de la capital poblana se detectaron 12 mataderos clandestinos proveedores de establecimientos, principalmente en las juntas auxiliares de La Resurrección y San Francisco Totimehuacán, y otros en el interior del estado, como Izúcar de Matamoros y Atlixco. Y aunque los exhortos están puestos en la mesa, todos sabemos que éstos son como las llamadas a misa.
No es de extrañar que hasta el día de hoy ninguna administración municipal le haya entrado de lleno al tema pues, al igual que muchos otros giros, los mataderos clandestinos son puntos débiles de extorsión por parte de las autoridades y ambos salen ganando. La ausencia de vigilancia nos hace pensar que a ninguno le conviene la certificación de los procesos que garanticen el buen consumo de la carne.
¿Será en esta administración municipal cuando se cumpla la constante promesa o esperarán hasta 2014 para iniciar el procedimiento para que Puebla tenga un rastro bajo las condiciones idóneas? ¿O, de plano, lo que comemos es lo de menos para nuestras autoridades?
Son preguntas.
