La publicación en la primera plana de Reforma del día de ayer, donde se hizo pública la red de espionaje del gobernador Moreno Valle en contra de diversas figuras de la política, alborotó el gallero electoral y provocó que los priistas denunciaran penalmente al gobierno morenovallista.

El presidente del PRI, Jorge Estefan Chidiac, anunció que la denuncia será contra Moreno Valle, Eukid Castañón y Joaquín Arenal por el delito de intervención.

En respuesta, el senador panista Javier Lozano volvió a sufrir una de sus clásicas calenturas y salió a declarar sin estudiar el tema.

En esa lógica, Lozano comparó el espionaje telefónico en contra de Margarita Zavala, Blanca Alcalá y Roxana Luna, entre otros, con la grabación de la extorsión realizada por un periodista en casa de Jorge Estefan. 

Evidentemente, Lozano comparó vino con vinagre.

Para que no queden dudas, hagamos una referencia jurídica.

Sobre las comunicaciones, el artículo 16 constitucional establece: “Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada”.

El delito de intervención de comunicaciones privadas está previsto y sancionado en el artículo 177 del CPF: “A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa”.

Por ningún lado embona o se tipifica el hecho de haber grabado una conversación personal, cuando una de las dos personas intenta obtener un beneficio a cambio de entregar una grabación ilegal.

Lamentablemente, el senador Lozano es de esas personas que habla y actúa antes de pensar.