Por omisión o por complicidad del poder público con la delincuencia es que las sociedades terminan por convertirse en rehenes de intereses poderosos.

La historia es bien conocida, sobre todo en estados como en el norte del país o las costas del Golfo de México y el Pacífico.

El desbordamiento de la delincuencia, tan documentada por la literatura del narco, devino en lugar común, hasta casi agotar el género.

Las series de televisión que construyen estereotipos en torno a los jefes de las pandillas terminaron por distorsionar una imagen que está lejos de la vida de oropel.

El problema es cuando el fenómeno de los acuerdos y componendas entre pandilleros y gobiernos produce consecuencias inenarrables que llaman a la puerta.

Eso fue lo que sucedió en la presidencia municipal de San Martín Texmelucan, cuando uno de sus funcionarios apareció entre las víctimas, desmembrado.

Se trataba de Eduardo Cebada Salazar, a quien todo el personal del palacio municipal conoció y alarmó cuando lo supieron muerto de una de las peores e indignas formas, en pedazos.

No es que un servidor público haya tenido que estar blindado a la actividad de los grupos de delincuencia, a diferencia del resto de los mafiosos a quienes la probabilidad de encontrar una muerte violenta es potencialmente mayor.

Sorprende sin embargo que entre el personal del área jurídica de un gobierno como el de Rafael Núñez haya habido un elemento en la mira de los homicidas que un día decidieron descuartizar a sus víctimas.

Igualmente llama la atención que entre el personal de seguridad pública haya habido elementos que por cinco mil pesos eran admitidos en la corporación, con arma y charola, para dedicarse a lo que estaban y que no era exactamente la seguridad ciudadana.

Coincidente con la decisión del gobierno estatal de tomar en sus manos el control de la seguridad pública en ese lugar hallan cesado los mensajes anónimos a través de MSM o WhatsApp, en dónde se anticipaba presuntas limpias de zetas, huachicoleros y otros personajes del hampa.

Con toda la evidencia en Texmelucan sorprende igualmente que su edil no sea sometido a investigación. Es él quien empleó al comisionado de seguridad que en estos momentos está puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

El responsable del gobierno municipal es Rafael Núñez, de sus consecuencias también. Nadie se engañe.