En la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto a cargo del próspero empresario Fernando Rosales Solís dos personajes cobran como policías acreditables con salarios de 35 mil pesos: Luis Eduardo Rivas y Tania Cristel, ambos familiares del titular de la temida FISDAI.

El primero es su cuñado, pues se casó con Nayeli Rosales Solís; la segunda, es sobrina de su pareja con quien se prevé contraiga nupcias en el mes de noviembre. En ninguna de los dos casos existe un perfil requerido para las tareas de un área como la responsable de combatir secuestros. 

La vida privada del funcionario que heredó Víctor Carrancá Bourget a Gilberto Higuera Beltrán la hizo pública, cuando metió a la nómina oficial de la Fiscalía General del Estado a su propia familia, de ahí la salvedad del caso.

Perfilar las relaciones familiares en un ámbito público permite observar el grado de descomposición interno.

Y es que la costumbre de incrustar a la parentela en la estructura de una corporación que antes fue modelo de investigación no es lo más grave, sino apenas parte de los síntomas de un sistema podrido del que es responsable su titular a quien se le recordaba como un humilde servidor que hasta renta pagaba a su llegada a la dependencia.

El autor de la columna recibió una carta de cinco cuartillas en las que personal de la FISDAI acusa abuso, explotación laboral y amenazas de Fernando Rosales, a quien no dejan de señalar directamente de la muerte de tres agentes en Atzitzintla, en abril de 2017, a manos de un grupo de huachicoleros.

 “No habíamos tenido ni un día de descanso, al otro día nos fuimos al operativo y los compañeros (que fueron ejecutados) iban con exceso de cansancio”. Sin embargo, el fiscal no ha dejado de reprochar la dificultad para sobreponerse a la pérdida de estos tres elementos.

Según el documento, el titular del área tiene a su disposición siete agentes como parte de su escolta personal. Estos elementos son constantemente para el cuidado familiar y otras funciones ajenas a su responsabilidad: recoger la ganancia de la venta de las cinco tortillerías propiedad de Rosales Solís.

Agentes del Ministerio Público, policías investigadores y personal en general ha recibido amenazas directas de ser consignados si llega a descubrir una traición. “Sólo hay tres formas de salir de esa unidad: cambio de adscripción sólo autorizada por su persona; renuncia exigida por él mismo; o muerto”.

No omitimos mencionar que esta denuncia anónima la hacemos porque consideramos que desde hace siete años este personaje viene violentando nuestros derechos humanos coartando garantías constitucionales, no dejando aún las laborales.

El personal no sólo entregó en persona el documento, que pretenden llegue a las manos de Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro, sino que además narró episodios de miedo como el joven agente investigador que recibió dos impactos de bala al repeler a la agresión de un grupo delictivo para luego impedirle continuar con su recuperación física. Incluso, su vivienda fue cateada por las órdenes del propio titular de la FISDAI.

En la entrega de la Parabólica del miércoles 24 de octubre (https://parabolica.mx/2018/columnas/parabolica/item/12655-rs-emporio-la-megalomania) se documentó la existencia de un salón de fiestas en San Andrés Cholula; un departamento en Polanco, en la Ciudad de México; y en la calle Vicente Guerrero en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas.

Como el caso del nopal, a Fernando Rosales cada vez le surgen más propiedades: además de lo ya expuesto, hay que añadir las tortillerías y al menos 12 departamentos.

El salario de unos 70 mil pesos mensuales, teoriza el personal bajo su mando, no alcanza para haber obtenido de manera lícita ese patrimonio que lo convierte en un próspero empresario.