Desde el senado de la República ayer llegó un mensaje más contra los exfuncionarios morenovallistas.

El gobierno federal sabe que los millonarios desvíos del erario en sexenios anteriores se dieron a través de los fideicomisos y claro, de empresas fantasma o razones sociales creadas al vapor y ex profeso para la facturación de servicios al gobierno.

Este martes, el senador Alejando Armenta presentó la Ley contra Empresas Fantasma cuyo principal objetivo es combatir la evasión fiscal, aunque en sus entrañas guarda un segundo propósito: castigar a quienes a través de fideicomisos desviaron recursos públicos.

Y es precisamente ese punto el que pondrá a temblar a todos aquellos secretarios, subsecretarios y demás funcionarios y personajes implicados en la creación de fideicomisos como el 0144 que firmó el gobierno de Rafael Moreno Valle con a la empresa Evercore-Protego de Pedro Aspe Armella para que durante cinco décadas recaude el Impuesto Sobre la Nómina (ISN).

También se revisarán con lupa aquellos fideicomisos creados para que operaran los Organismos Públicos Descentralizados (OPD) durante el mandato de Moreno Valle o las “fachadas” de empresas o franquicias que abundaron durante ese sexenio.

Todo apunta a que la denominada Ley contra las Empresas Fantasmas y Evasión Fiscal será parte del andamiaje legal para iniciar la persecución contra el morenovallismo.

En un boletín de prensa se consignó: “(La citada ley) tiene por objetivo erradicar la corrupción que se anidó en el viejo régimen que al amparo de más de 9 mil empresas inexistentes y fideicomisos públicos desviaron 2 billones de pesos”.

Eso nos deja ver que la guillotina también caerá contra quienes crearon empresas a modo o conformaron razones sociales de manera exprés con el único fin de facturarle servicios o bienes al gobierno morenovallista.

“Las empresas fantasmas y las facturas apócrifas fueron diseñadas en la mente perversa de los políticos que se hicieron delincuentes y los delincuentes que se hicieron políticos y se disfrazaron de empresarios”, externó el presidente de la Comisión de Hacienda.

Y por si a alguien le quedaba duda de la dedicatoria aquí un fragmento de lo expresado ayer por Armenta Mier desde la tribuna de la Cámara Alta: “Permítanme poner el ejemplo del estado que represento, Puebla, fui miembro de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados y por denunciar los desvíos presupuestales y de evasión fiscal que hoy padece el gobierno de Puebla por cerca de 60 millones de pesos amparadas por empresas fantasmas, la fiscalía en ese entonces me persiguió”.

Así de claro.

Entre las novedades del Paquete Económico 2020 que se presentó el pasado domingo, existe un punto que preocupa por el alto impacto que tendrá en las vendedoras -y vendedores- de productos por catálogo.

La propuesta es que los productos que se comercialicen sean gravados con un impuesto al consumo, es decir, que paguen el IVA.

Para algunas diputadas, como Nayeli Salvatori del PES, esto no afectará la economía de miles de mujeres que logran una entrada extra para sus casas porque serán los clientes quienes pagarán el impuesto.

Vaya manera de razonar, independiente de que es obvio que tendrán menos ventas y por lo tanto sí les afectará, lo importante será ver cómo reacciona la llamada oposición en la Cámara Baja.

¿Serán capaces los diputados del PRI y del PAN de fijar una enérgica postura contra este impuesto y evitar que se lesione la economía familiar?

¿Será que la 4T piensa que las mujeres -y hombres- que cargan sus catálogos y andan entre casas, escuelas y centros de trabajo vendiendo productos son fifís?