La muerte del que fuera director de archivos y notarías Mauricio García León y la privación ilegal de la libertad de Juan Carlos Lastiri Quirós pueden ser un magnífico referente para quienes de una u otra forma tenemos la responsabilidad de informar.

En ambos casos, tras el conocimiento público de los hechos, se desató una serie de versiones, en donde la información confirmada pasó a segundo término, tomando principal protagonismo el ganar la nota por encima de cualquier otra cosa.

Y en esta filosofía de “lo dije yo primero” inspirada más en Chespirito que en los principios básicos del periodismo, la desinformación, la contradicción y la confusión se convirtieron en el denominador común que durante horas circularon en redes, medios y hasta en los comunicados oficiales, en donde ni el gobernador se pudo salvar.

En el caso del abogado García León, transitamos de la versión de un infarto fulminante, a un disparo en el hígado, pasando por un disparo en el estómago, y hasta la sospecha de un homicidio avalado por un supuesto mensaje que involucraría a una funcionaria y un periodista. Al día siguiente, pude confirmar que el disparo fue en el tórax a la altura del corazón.

Han pasado seis días y la lentitud y la opacidad de la Fiscalía General del Estado nos mantienen prácticamente como empezamos, en medio de rumores y sin tener un solo comunicado oficial que nos dé certeza de lo ocurrido.

En el caso de la privación de la libertad del que fuera subsecretario de Sedesol y Sedatu con Rosario Robles, las circunstancias en materia de comunicación no fueron distintas.

Una versión periodística anunció que un comando armado con cuernos de chivo en una camioneta Jeep Grand Cherokee había levantado al ex funcionario.

En ese inter, el secretario de seguridad pública federal Alfonso Durazo informó a la senadora Nancy de la Sierra que no existía orden de aprehensión contra el poblano. Otra versión más tarde, aseguró que fue la Fiscalía General de la República quien lo había detenido y que había sido ingresado al reclusorio Oriente, versión que fue confirmada por el gobernador Barbosa.

Y de ahí vinieron sendas “investigaciones” periodísticas que incluso citaron supuestos cargos relacionados con la llamada Estafa Maestra. Al día siguiente, la FGR y la dirección de CERESOS negaron que estuviera detenido, aunado a la declaración de la esposa de Lastiri quien dijo no tener datos del paradero de su marido.

Por la noche del viernes, recibí información confiable diciéndome que Juan Carlos Lastiri estaba ya con su familia, la cual publiqué en mi cuenta de Twitter, misma que más tarde fue ratificada en esa misma red social a través de la cuenta personal del ex funcionario, quien agradeció a autoridades federales y estatales su respaldo diciendo que se encontraba con su familia.

Así las cosas, vale la pena tomar estos hechos como un claro ejemplo de la imprudencia y la falta de responsabilidad de comunicadores, autoridades y redes sociales y los riesgos en los que el consumidor de información corre ante estas versiones no confirmadas que únicamente sirven para enrarecer el clima de inseguridad y desconfianza en el que vivimos.

Que nos sirva a todos para darle seriedad a un tema que debe ser tomado con la responsabilidad debida.

Y cuando digo todos, me refiero a todos.

Ni más, ni menos.