En las próximas horas cuatro mandos de seguridad pública en igual número de municipios serán relevados, dijo el gobernador Luís Miguel Barbosa. No ofreció más detalles, salvo que los perfiles que en breve serán dados de baja fueron evaluados a través de diversos mecanismos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública en el estado, Fiscalía General y el Centro Nacional de Inteligencia.
No adelantó nombres ni municipios en donde se producirán los cambios en las jefaturas de las policías responsables de hacer tareas preventivas del delito.
El autor de la Parabólica.mx está en posibilidades de perfilar los cambios anticipados por el mandatario y que involucran a los municipios de Tehuacán, Amozoc, San Martín y probablemente la capital de Puebla.
Si no hay cambio de última hora se irá Javier Castillo, comisario de Seguridad Pública de Amozoc, quien sustituyó a Gabriel Díaz Carranza, un ex mando que no había aprobado exámenes de control de confianza.
Otro que también se va es Heriberto Quitzamán, mando en Tehuacán que apenas había asumido el cargo en diciembre de 2019 cuando su antecesor de nombre Flavio Lozano Murillo había sido destituido luego de ser acusado de acoso sexual y laboral.
De quienes ya habían sido destituidos destaca el caso de Texmelucan, en donde un personaje a quien desde 2011 se le buscaba por el probable delito de secuestro, Luís Francisco Bustamante, ya había sido echado del cargo.
El otro que destaca es el probable cambio de la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, María de Lourdes Rosales, a quien de manera persistente se le han querido cobrar fracturas políticas y económicas, pues cerró el paso a las cuotas que se imponían a los elementos y también impidió que firmas proveedoras protegidas por fueros políticos hicieran negocios exorbitantes.
Si cae Rosales significará una derrota para su jefa, la presidenta municipal Claudia Rivera y una señal de fuerza del gobernador Miguel Barbosa. Que nadie se confunda.
En el sótano...
Ante la revelación de la presumible existencia de una red de traficantes de trámites en la Dirección General de Registro Civil de Gobernación, Manuel Carmona Sosa, su titular, aceptó ayer abrir una línea de investigación sobre lo publicado en la entrega del lunes 17 en la columna Parabólica.mx.
Carmona Sosa dijo, sin embargo, no tener elementos probatorios que permitan establecer vínculos entre el Subdirector de Coordinación de Juzgados, Víctor Manuel González del Razo y del Jefe del Departamento de Atención a Juzgados, Augusto Durán con los cobros por trámites efectuados en documentos como actas de nacimiento o Clave de Registro Único de Población (CURP).
En poder del columnista existen conversaciones de WhatsApp sobre trámites ofrecidos y cobrados a través de una tarjeta de débito HSBC, lo que claramente abre una ventana a la corrupción.
No existe una acusación directa, sin embargo no hacía mucha falta, pues el tráfico de influencias permanece a partir de una conversación por inbox en la que por el trámite de corregir un error en el nombre de un acta de nacimiento se cobra entre 500 y mil 500 pesos.
En prenda queda la buena fe con la que habló en el programa Parabólica.mx e Intolerancia Diario: no será tapadera de nadie.
