Después de 19 meses, el avión presidencial José María Morelos regresó a suelo mexicano y lo hizo justamente cuando el caso Lozoya parece desvanecerse y los muertos por Coronavirus continúan superando cualquier previsión.
De continuar el número de fallecidos como hasta ahora, el lunes, cuando AMLO dicte su mañanera desde el antiguo hangar presidencial, estaremos arrebatándole el sitio al Reino Unido y seremos el tercer país del mundo con más muertos.
Pero regresemos al avión, ese que tanto señaló Andrés Manuel como símbolo de la corrupción y los excesos de gobiernos anteriores. Esa insignia que por onerosa era necesario deshacerse de ella a como diera lugar.
El TP-01 Boeing 787-8 pasó los últimos meses en un aeropuerto de San Bernardino, California, Estados Unidos y su estancia y mantenimiento nos costó (y digo nos, porque se pagó con los impuestos de todas y todos) casi 51 millones de pesos, que bien podrían invertirse en insumos médicos en estos momentos.
A decir de AMLO, en el show del lunes, perdón, en la conferencia matutina del lunes, se permitirá que los periodistas conozcan el avión que compró Felipe Calderón pero que gozó Enrique Peña Nieto y su familia durante su sexenio.
Ese mismo día, dice AMLO, se presentará al comprador que ha ofrecido 120 millones de dólares para quedarse con la aeronave de lujo que a su vez se pretende rifar el 15 de septiembre a través de cachitos de la Lotería Nacional, negocio que por cierto no sólo no es rentable sino que además no ha contado con la simpatía del pueblo bueno, por lo cual la venta de números se encuentra muy rezagada.
Por el bien de México esperemos que realmente ese comprador aparezca y que de una vez por todas dejemos de pagar el mantenimiento y servicio de una aeronave que no se va a utilizar ni siquiera para trasladar a nuestros connacionales en plena pandemia.
¿Y quién vela por ellos?
En breve, el tema del presupuesto federal, local y hasta municipal será la principal discusión, así como los recortes, a machetazos, que se aplicarán en todas las secretarias y gobiernos, sin embargo existe un rubro que la ley contempla pero en la práctica no se aplica y es necesario traerlo a la mesa.
Me refiero a los recursos que se requieren para garantizar la salud, insumos y comida a las y los bebés que viven con sus madres, dentro del Cereso de San Miguel.
La pandemia ha golpeado severamente la economía de las mujeres privadas de su libertad principalmente porque gran parte de los ingresos económicos de las presas, llegaba a través de la venta de artesanías y productos elaborados dentro del Cereso. Comercio que el coronavirus se truncó.
Si bien existen asociaciones como Grupo Pro Niñez que acercan pañales, biberones, leche y toallitas húmedas a los bebés, lo cierto es que las donaciones no bastan para hacerle frente a las necesidades de los pequeños.
Por ello, este año, quizá como nunca, sea necesario que se cumpla con lo establecido en la ley y se etiquete una parte, por mínima que sea, para garantizar que los insumos más básicos lleguen a esos menores.
La tarea ahí también es para la Comisión de Derechos Humanos del Estado y hasta para el propio Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) del estado de Puebla, quienes se han dicho defensores de los menores que viven dentro del Cereso pero hasta el momento no han alzado la voz para que se garanticen sus derechos, los más básicos como la alimentación y salud.
