En días pasados la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, presidida por la Diputada Cabrera Camacho, sostuvo una importante mesa de trabajo. La Dirección de Riesgos Sanitarios, el Instituto de Bienestar Animal y la Consejería Jurídica del Gobierno se reunieron con la ONG Igualdad Animal México.
¿La razón? Fortalecer la iniciativa de la Diputada Romero Garci-Crespo para reformar el artículo 474, bis y ter, del Código Penal Poblano para tipificar la operación de rastros ilegales y la no aplicación de normas correspondientes. De 1 a 4 años de prisión para quien no cumpla.
La propuesta legislativa, que no prosperó cuando fue presentada en abril del año pasado, indisputablemente tiene fines nobles. Asegurar la calidad de la carne consumida en Puebla certificando condiciones salubres y de trabajo, y buscar la dignidad animal con un sacrificio que no prolongue su sufrimiento.
Ciertamente las condiciones son infames en el mundo cárnico poblano, pero legislar sin conocer lo que empuja esos escenarios dará letra muerta y algunos pobres desdichados sentenciados.
Las estimaciones son pavorosas, más del 85% de la carne para el consumo estatal proviene de la ilegalidad. Se sacrifican alrededor de 90 millones de animales anualmente en nuestro Estado, pero las capacidades instaladas entre los rastros municipales y TIF apenas llega a 65.
Es en los rastros municipales y TIF (Tipo Inspección Federal) donde comenzamos a encontrar contrastes.
La Constitución Política de Puebla da a los municipios la operación de los rastros, sin que esto signifique manga ancha. Todo el Capítulo VI de la Ley Estatal de Salud se enfoca a los rastros, donde por supuesto prohíbe explícitamente el sacrificio con crueldad o en lugares no adecuados.
Aunque la obligación final cae sobre los ayuntamientos, por eso los 15 rastros intermunicipales cuentan con Reglamentos, instrumentos legales apegados a leyes federales y estatales de salubridad, salud animal, ganadería y bienestar animal. La Autoridad Sanitaria del Estado se encarga de armonizarlos.
Estos reglamentos son minuciosos. Impiden sacrificar animales enfermos o de dudosa calidad. Obligan una factura compraventa del semoviente. La guía de transito para mover al ganado es forzosa, así como los certificados zoosanitarios y la propiedad animal, fierro o enaretado. Puede estar seguro que prohíben el sacrificio de animales que aparenten haber sido alimentados con sustancias químicas para aumentar su volumen. Clembuterol. Cubierto eso solo falta saldar el pago por la matanza, la cuota de refrigeración, el costo del transporte; los derechos de introducción y degüello.
Las Secretarías federales de Salud y Agricultura tienen la capacidad de hacer cumplir estas leyes y normas, pero hace mucho se rindieron. Ahora solo se enfocan en los rastros TIF, que permiten la exportación y un mercado interno premium. En Puebla solo hay 4.
Deseo y capacidad de los ayuntamientos de aplicar leyes se topa con la realidad socioeconómica de sus municipios. Sacrificar legalmente a un animal es caro, crecerlo en condiciones que permitan sacrificarlo legalmente es casi incosteable.
Cerdo y res se han encarecido un 30% de un mes al presente, pero estos aumentos no los ve el productor. La depreciación del peso ante el dólar tiene un impacto enorme en el mayor costo de la industria, el alimento. Sorgo de 3 a 7 pesos, soya de 9 a 15 y el maíz amarillo de 4 a 7.50.
Un sacrificio que preserve la dignidad de los animales de consumo no aparecerá con mayores penas. La matanza de animales en las bateas de camionetas o traspatios, se estiman en el estado al menos 2,200 mataderos clandestinos, es una respuesta ante falta de competitividad y rentabilidad de una industria que cada vez se concentra más en los grandes capitales Más de 42 millones de aves, casi 2 millones de cerdos, ¾ de millón de bovinos y 41 diputados locales en Puebla; y no se hace uno.