Un silencioso problema de gobernabilidad se ha estado fermentando en el municipio de Juan C. Bonilla, desde hace ya medio año, con la toma de la embotelladora Bonafont por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y otros grupos sociales afines.
Hoy en día el Gobierno del Estado se lava las manos de manera espectacular echándole la bolita a CONAGUA con la excusa de que ellos expidieron los permisos de explotación de agua, lo cual es totalmente cierto, pero ¿qué tiene que ver?
El aceptar que los grupos sociales tienen jurisprudencia hídrica superior a CONAGUA, la institución que a todas luces jurídicas reglamenta las aguas nacionales, es avalar implícitamente sus mensajes. En agosto pasado las comunidades hicieron un juicio popular donde se decretó que en la región no se permitirían más industrias, ni más zonas residenciales.
¿El Gobierno del Estado avala este mensaje? Por supuesto que no. La aorta económica del estado cruza de Huejotzingo hacia Apizaco, y esto lo saben bien la secretaria de economía Salomón y el gobernador Barbosa.
En el instante que estos movimientos se atrevan a atacar presas mayores, como los parques industriales, las cadenas acereras o automotrices de la entidad, y la policía estatal y guardia nacional estará encima de ellos y veremos los matices entre el estado de derecho y la 4T.
El CNI ha logrado posicionar positivamente sus movimientos en el imaginario popular. La toma de la CNDH fue abanderada por el movimiento feminista, mientras que la sede del Instituto de Pueblos Indígenas aprovechó de los movimientos otomíes para legitimarlo. En Puebla no ha sido nada diferente, por eso lanzaron una convocatoria de especialistas para el Encuentro Internacional de Científicos por la Vida a inicios de este mes.
Como resultado de la convocatoria abrieron el exdelegado de Tlalpan, activista del 68 y articulista de La Jornada Gilberto López y Rivas, así como el periodista uruguayo Raúl Zibechi de reconocida trayectoria por su seguimiento de los movimientos sociales latinoamericanos. Poca formalidad en lo de científicos.
La suma de estudiosos sociales de la Universidad Iberoamericana, BUAP, UNAM, y otros académicos internacionales, podrían darnos un concepto sobre la seriedad y compromiso de estos movimientos sociales, pero todos son parte de la falsedad.
El inicio del movimiento social, allá por marzo, fue impulsado por los Pueblos Nahuas Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes, pero los sellos de clausura oficiales en la planta de Bonafont fueron puestos por el presidente municipal morenista Lozano Alameda en un movimiento claramente electorero.
En el infame movimiento conocido como las juanitas, postular a una mujer al puesto para que se gobierne a través de ella, el presidente quiso imponer a su esposa, la señora Tehuitzil, para buscar la reelección.
La población de Juan C. Bonilla vio esto como afrenta y votó mayoritariamente por el activista social y candidato PAN-PRD José Cinto Bernal, mandando a la señora Tehuitzil Muñoz al segundo lugar; donde obviamente la esposa del presi sí fue de candidata.
Una vez más la inacción de gobierno, y la poca pericia en gobernabilidad, permitió la polarización de las condiciones sociales. Esto llevó a la coalición opositora a elegir al candidato más estridente, y su ungimiento como presidente municipal por las enojadas masas.
Don Cinto Bernal hizo campaña en contra de las torres de alta tensión de Cholula a Huejo, la ampliación del aeropuerto, el Gaseoducto Morelos y su Plan Integral, un problema territorial con Morelos, y principalmente el abuso del río Metlapanapa.
Súmele a su pariente Cinto Tepoale, alcalde mayor de Santa María Zacatepec elegido mediante usos y costumbres y gran agitador social en los movimientos Bonafont-Socavón, además de los refuerzos foráneos del CNI, y podrá ver quien vendió sus canicas por adelantado y quien tendrá que pagarlas en muy poco tiempo.
Lamentable como siempre ver la prostitución de las buenas causas y el embaucamiento de la gente.