Sin darle vueltas, el Derecho al Alumbrado Público (DAP) se puede convertir en un impuesto de alto costo para los políticos, alcaldes y diputados, que avalen el cobro del derecho.
Sin embargo, las corrientes morenistas que buscaban aprovechar la coyuntura para lanzarse contra Eduardo Rivera, deberán encontrar mejores argumentos, toda vez que el impuesto por el que iniciaron el linchamiento político, tendría repercusiones contra varios presidentes municipales de Morena quienes ya cobran ese mismo impuesto.
Recibos de la CFE demuestran que las alcaldesas Irene Olea Torres de Izúcar de Matamoros,
Norma Layón de San Martín Texmelucan
y Ariadna Ayala Camarillo de Atlixco,
así como los presidentes David Meléndez López de Acajete,
Ignacio Mier de Tecamachalco,
Mario de la Rosa Romero de Amozoc
y José Huerta Espinoza de Tepeaca cobran el mismo impuesto que generó la irritación de algunos connotados miembros del partido de la 4T.
Si bien es cierto que las estimaciones financieras hablan de tarifas bimestrales francamente módicas para los contribuyentes, es innegable que la medida será impopular y golpeará a los alcaldes y diputados que avalen el cobro de la nueva contribución.
En números globales, el cobro del DAP implica darle unos 400 millones de pesos al Ayuntamiento de Puebla.
El análisis y aprobación del DAP que fue avalado el viernes por la tarde en una sesión de Cabildo, estará en breve en el Congreso del estado donde los enemigos de Eduardo Rivera, a través de los lacayos de Claudia Rivera y de Genoveva Huerta y de los interesados en descarrilar el proyecto del alcalde, habrán de encargarse de recalcar que es un gasto más para los capitalinos, llámese impuesto o derecho.
Y aunque Lalo y sus operadores alcancen el consenso para aprobar la modificación a la Ley de Ingresos, el tema seguirá en la agenda política porque más allá del interés ciudadano, está la carrera rumbo al 2024.
No es casual que el tema haya llegado ya al Senado, como tampoco será circunstancial que busquen llevarlo hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Sin embargo, ahora que exhibimos la doble moral de quienes se rasgan las vestiduras por el cobro del DAP cuando en los municipios gobernados por Morena se cobra también este impuesto, habrá que ver si mantienen su incongruente postura.
A varios morenistas que ayer se lanzaron contra quienes impulsan el cobro de la iluminación municipal, se les van a caer los calzones al ver que esto que les causa tanta indignación, sus alcaldes lo aplican sin recato alguno.
No son pocos los municipios que cobran el DAP, pero lo más sorprendente es ver cómo esos municipios lo hacen a hurtadillas de los propios ciudadanos.
Ahora habrá que preguntar si la diputada Daniela Mier da su voto en contra del impuesto y con ello afecta los ingresos del municipio que gobierna su hermano y donde el DAP se cobra desde tiempo atrás.
Veremos y diremos.
Cayó “El Callo”
Hasta el final del país, en uno de los lugares paradisíacos de México, fue capturado Ricardo “N”, mejor conocido como “El Callo”.
Al sujeto, junto con dos cómplices más, se le responsabiliza de haber manipulado la toma clandestina que derivó en las explosiones de San Pablo Xochimehuacan hace más de un mes.
“El Callo” señalado también como líder huachicolero, sería el principal responsable de las cinco muertes que acumula la tragedia, de los heridos que permanecen en los hospitales por las quemaduras y de los cientos de personas que perdieron su hogar debido a que las viviendas quedaron en escombros.
Más allá de lo que la justicia pueda probarle y los delitos que puedan imputarse como homicidio, lesiones y daño en propiedad ajena a título de culpa, la sentencia social será demoledora.
Se trata de la primera persona que se presenta como responsable de una tragedia por huachicol, un acierto de la Fiscalía General del Estado que no se puede regatear.
Muchas veces cuestionamos si realmente se podrían realizar las investigaciones para conocer al o a los responsables y aprehenderlos. Lo hicimos con poca o nula esperanza porque la experiencia nos demostraba una y otra vez, que casos como el de Xochimehuacan se “apagaban” después de meses y que sólo se recordaban en aniversarios, sin que el peso de la ley pudiera hacer justicia.
La detención y el encarcelamiento de Ricardo “N” no repararán por sí mismos los daños causados a las familias que perdieron a un ser querido ni a quienes hoy se preguntan dónde pasarán las navidades sus hijos, sin embargo sienta un enorme precedente.