Si usted es habitual usuario de las redes sociales quizá haya leído la frase que corona esta columna, y hasta la haya visto en meme haciendo mofa del globalismo de nuestros tiempos. El recorte de periódico que suele acompañar la frase pertenece a una portada de 2014 del diario chiapaneco La Voz del Sureste, siguiendo el conflicto entre Rusia y Ucrania, en ese momento por Crimea.
En aquellos tiempos los temores nacionales anunciaban un aumento de 40 por ciento en el precio de la tortilla, impulsados por la mayor alza, desde la crisis de 2007, en contratos a futuro en granos y otros commodities alimentarios.
El actual secretario federal de agricultura, y en ese momento director del Instituto Interamericano para Cooperación Agrícola, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, salía presto a apaciguar ánimos, explicando que los contratos para ese año ya estaban firmados y que el impacto energético sería menor, situación que se apegaba a la realidad y terminó demostrándose al no darse la dramática escalada de precios.
Para la crisis en ciernes nadie dice esta boca es mía, y es que la actual administración ha dinamitado todo aquello que pudiera auxiliar para evitar la debacle que, ahora sí, acecha a la tortilla.
De inicio, enfrentamos la incapacidad del Subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez, responsable del castillo de naipes de Producción para el Bienestar, e indirectamente de la malversación de ocho mil millones de pesos en SEGALMEX. Esto no solo involucra un porcentaje ficticio del inventario nacional de granos, perversiones económicas en los sistemas agroalimentarios locales de las comunidades donde se apersonaron los precios de garantía. Eso sí, ha sido el único en pronunciarse, con la característica perorata, sobre el dominó que avecina: “Se están decidiendo acciones al respecto. No serán medidas neoliberales (…) que desmantelaron nuestra agricultura, promovieron dependencia y entregaron nuestra seguridad alimentaria”.
México, del 2014 para acá, perdió el gas barato del fracking gringo a la vez que languidecía Cantarell, colocándonos en una orfandad energética que ha arrastrado los costos de todas las industrias nacionales entre 7-25 por ciento; donde no tenemos nada de capacidad, como fertilizantes, donde los incrementos son casi del 150 por ciento.
El plan de AMLO para resolver el déficit cruza por “reactivar” hidroeléctricas en medio de una sequía nacional que lleva 15 años sin estabilizar las reservas hídricas, con la decimonónica idea de que el agua es un recurso renovable y las hidroeléctricas son amigables con el medio ambiente.
“Las medidas incorrectas, de entrada, son las neoliberales” se atrevía a tuitear Suárez Carrera, sin entender que en realidad todas las medidas que él ha implementado han fracasado rotundamente, arrastrando y desmantelando en el proceso el sistema agroalimentario nacional.
La necesidad no tiene ley
Los mexicanos conocíamos, en mayor o menor medida, las escalas de pobreza con las que convivíamos diario en nuestras localidades, pero los movimientos migrantes de Centroamérica, Caribe, y más lejos, nos han dado nuevos parámetros para compararnos. Esto no busca dar prioridad a necesidades extranjeras, ignorar afrentas históricas o deshumanizar el sufrimiento humano detrás; al contrario.
San Pablo Xochimehuacan y San Jerónimo Caleras son los lugares de la capital por donde pasa el tren de Ferrosur y donde se comete el único crimen por el que el Código Penal de Puebla te exonera, el robo por hambre.
Sin emplear engaños ni medios violentos, ellos se apoderan del alimento estrictamente indispensable para satisfacer sus necesidades personales o familiares de alimentación del momento; y su necesidad, como la de todos nuestros connacionales, es el reflejo de nuestro fracaso como mexicanos.
El futuro inmediato de esas personas se encuentra en manos de David Méndez Márquez como delegado del Instituto Nacional de Migración (INM), veremos si mamó en el seno familiar algunas enseñanzas de la izquierda, o mejor nos hubieran dejado al represor de Ardelio Vargas.