Después de la tormenta que representó el freno unilateral del comercio del aguacate entre México y Estados Unidos las aguas comienzan a regresar a su encharcamiento tradicional.

En Puebla al gobernador Barbosa le han vendido la idea de que con 200 millones de pesos se crearán condiciones en nuestra entidad para exportar a Estados Unidos, lo cual es una tomada de pelo del tamaño del Popocatépetl.

Sería ocioso citar la línea de tiempo que le tomó a Michoacán exportar, con una primera solicitud en 1970, su primer embarque en ‘92 y consolidarse en el ‘97, al fin y al cabo, ellos abrieron camino tras la prohibición de 1914 de Estados Unidos a México tras la presencia de una plaga que afecta troncos, el gusano barrenador.

1914, por cierto, fue el último año en que Puebla fue el máximo productor nacional, dándole un sepulcro de deshonor a la tierra que se domesticó el aguacate.

Un mejor ejemplo sería Jalisco, que tardó cien años, y un par de tropiezos institucionales, para poder exportar a Estados Unidos a partir de este año.

Gracias a los favores, entonces presidenciales, de Peña Nieto y de su secretario de agricultura Pepe Calzada, el estado de Jalisco hizo valer en 2016 un plan de trabajo que había cocinado por cinco años para generar las condiciones fitosanitarias apropiadas para la salida del oro verde jalisciense al mercado norteamericano.

El entonces gobernador de Jalisco, asesinado el diciembre antepasado en Puerto Vallarta, Aristóteles Sandoval, tardó menos de medio año para fenomenalmente hacerse fuera de la bacinica al olvidar realizar los trámites necesarios para que el plan de trabajo operativo fuera firmado por los representantes sanitarios de ambos países.

Donald Trump fue una pesada loza que se negó a revisar cualquier cosa relacionada, deteniendo cualquier negociación. La penosa ausencia de firmas entre el director de Sanidad Vegetal del SENASICA, Francisco Ramírez y Ramírez, y su contraparte americana en el APHIS, Osama El-Lissy, se vio resuelta el diciembre pasado. Aún quedan arrugas operativas y administrativas que planchar, por lo que se espera que el comercio dé inicio en abril, coincidiendo con los tiempos productivos de Jalisco.

Michoacán es el principal productor con 1.8 millones de toneladas, seguido precisamente por Jalisco con unas 248 mil. En tercer y cuarto lugar está el Estado de México y Nayarit, con 120 y 70 mil toneladas respectivamente, por lo que no le sorprenderá saber que esos estados son los que la Federación está trabajando intensamente para lograr certificar.

Puebla produce apenas 17 mil toneladas en el octavo lugar nacional, desde cinco zonas geográficas, en un nulo esquema de control fitosanitario, sin infraestructura dedicada, pero con funcionarios estatales expertos en vender humo y espejos a quien se deje. Puebla produce en promedio 3.5 toneladas por hectárea, cuando el promedio michoacano por lo bajo le pega a las 8.

Esa falta de aguacate se conjura con la falta de tortas, y es que la Unión de Pequeños y Medianos Industriales del Pan en Puebla (UPNIPAM) y la Asociación de Panaderos del Estado de Puebla han puesto el grito en el cielo por el vertiginoso ascenso de los precios de sus materias primas, como bultos de harina que pasaron de $300 a $750, o mantequillas de los $300 a $800.

Estas escaladas de precios, inventadas por mañosos harineros y bodegueros, son artificiales y especulativas ante la crisis global de Ucrania y Rusia, pero lamentablemente tendrán boca de profeta como lo indican los precios futuros de granos y oleaginosas en las Bolsas de Chicago, Kansas y los precios de referencia en Brasil y Argentina.

Son esos mercados globales y aquellos sistemas alimentarios mundiales los que alimentan a nuestro país y al resto del mundo, no se deje engañar por quien le diga –que la autosuficiencia es que se produzca lo que consumimos–, aunque sea el presidente quien lo vocee.