Un tema de mucha gravedad en el mundo y el campo son los fertilizantes. El fino equilibrio global de la economía sigue dando tumbos, junto a la seguridad alimentaria planetaria, gracias a los remanentes de la pandemia y los efectos de la guerra en Ucrania. La salida de los mercados del fertilizante ruso y el encarecimiento de los fletes marítimos ha empujado los costos entre 150 y 300 por ciento, dependiendo el fertilizante.
Disminuir la dependencia del extranjero, especialmente en elementos que atenten contra la soberanía nacional, es uno de los objetivos más transcendentales para este gobierno. Para producir urea, el fertilizante más usado en la agricultura nacional, es un requisito tener gas natural para convertir en amoníaco y posteriormente en la propia urea. La apuesta de esta administración por revitalizar productivamente los complejos petroquímicos de Coatzacoalcos-Minatitlán, a través de la Laguna de Pajaritos, ha fracasado en revivir la planta de amoniaco de Cosoleacaque. Cuando se suma a esto la falta de capacidad de PEMEX de producir gas natural suficiente para el mercado nacional –genera menos de 1/3 del demandado– podemos ver que la apuesta gubernamental no saldrá.
Del otro lado existe la apuesta de privados, nacionales y suizo-alemanes, de instalar en Sinaloa la planta de fertilizantes de Topolobampo, con una propuesta que ya va para diez años de retraso. Las problemáticas que han detenido el proyecto van desde la adquisición de tierras, permisos ambientales, hasta el último amparo concedido para atender la necesaria consulta indígena a los pueblos mayo-yoreme de la zona.
Hace pocos días se reunió el Comité Técnico Institucional de la Consulta Indígena encabezado por la titular de SEMARNAT, Ma. Luisa Albores, donde se coordinarán el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Gobernación federal, y las autoridades de Sinaloa. El pueblo de Topolobampo, en el municipio de Ahome, tuvo una expresión de rechazo a la planta con una marcha, donde temen se pueda dar un fraude en la consulta.
Todo parece indicar que la consulta tiene futuro manifiesto para pasar, por ejemplo, Manuel Bartlett de CFE comenzó a gestionar el contrato a veinte años para suministrar parte del gas natural, mientras que Octavio Romero de PEMEX hará lo propio para compartir la planta de amoniaco con la paraestatal.
El megaproyecto, equivalente presupuestalmente a la mitad de Dos Bocas o dos años del presupuesto de Sinaloa, deberá contar con el visto bueno del presidente, que todavía no se decide al respecto. Al inicio de su sexenio se mostró favorable hacia las causas sociales. A la mitad dijo que ahí veríamos. Y en últimas fechas lo vimos a favor, apenas a finales del mes pasado, claro, ahora que gobierna la entidad el morenista Rubén Rocha Moya.
Sin embargo, el problema del presidente con el proyecto tiene apellido, Labastida. Y es que el ex candidato presidencial Francisco Labastida Ochoa, en su momento presidente de la Comisión de Energía del Senado, y su hijo, Francisco Labastida Gómez de la Torre, entonces secretario de Desarrollo Económico y Proyectos Estratégicos de Sinaloa, gestionaron todo el proyecto con rigurosas denuncias de beneficios personales. La principal acusadora fue la ahora titular de economía federal y “nueva corcholata”, Tatiana Clouthier.
Las declaraciones en días pasados de Labastida padre –en el noticiero de Carmen Aristegui– de que el PRI ayudó a AMLO a ganar y que protege al crimen organizado, hizo que el presidente sopesara de nuevo las alternativas. Antes de final de mes veremos qué terminó pesando más en las decisiones del presidente. De la bahía dependen unos 3 mil pescadores y la planta emplearía apenas a un ciento, pero su capacidad de producir más de 2 mil toneladas diarias de amoniaco tiene posibles impactos más allá del pueblo de Ahome, quienes, al final serán los que decidan –en teoría– parte del futuro agropecuario de este país.