A mediados de noviembre de 2021 todo era felicidad.
Una fastuosa boda se realizó en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde literalmente se tiró la casa por la ventana.
La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la afamada iglesia de San Miguel Arcángel y la fiesta en una de las zonas más exclusivas de este pueblo mágico con más fama nacional e internacional.
No importó lo que costara.
Una boda fifí.
Así fue como el hijo de Abelardo Cuellar, celebró nupcias.
Todo iba viento en popa para entonces.
Ahora, siete meses después, todo es preocupación.
Y es que el abogado laborista y ahora ex secretario del Trabajo, ha montado una campaña mediática ante el temor de ser detenido.
Hasta ruedas de prensa ha montado con amigos.
Sin embargo, se dice que hay muchas irregularidades en su paso por la dependencia que ya se están investigando.
Eso lo sabe Abelardo y trata por todos los medios que no continúen las indagatorias.
El gobernador Miguel Barbosa fue claro al decir al exfuncionario que no se preocupe “si no hizo nada indebido”.
Pero dicen que más tembló.
Ahora el ex funcionario agudizó su campaña al lanzar mediáticamente a corporaciones y activistas para que públicamente le den espaldarazo y aprueban su labor por medio de ruedas de prensa, mensajes en redes y ahora busca vehementemente firmas para un desplegado.
Incluso, para el domingo está organizando una marcha.
Embargos y cochupos
Ahora se sabe que en el despacho de Abelardo Cuellar, donde llegaron a trabajar hasta 20 abogados, solo quedan cuatro: Leiversein Martínez Cortez; José Evaristo Álvarez Alonzo, quien lleva los asuntos del Icatep; José Francisco Hernández Tlapa y Adolfo Gallardo Carro.
Ellos, cuentan allegados, mantenían relación con ahora ex trabajadoras de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), con quienes tenían acuerdos para retrasar o apresurar casos de despedidos de hoteles y empresas automotrices como Audi y VW.
Finalmente les cayeron y ahora ya se les puede llamar ex funcionarias.
Pero las historias tenebrosas del despacho, vienen desde mucho antes, cuentan algunas fuentes.
También en mayo del 2015 fue embargado el despacho por el Instituto Mexicano del seguro Social (IMSS) por un asunto fiscal.
Y es que habían creado una cooperativa denominada “Unidos Ganaremos”, pero solo ganaban los organizadores con las cuotas y después demandaban constantemente al IMSS por pensiones.
De este modo el jurídico del IMSS, vio que no era normal que tantos asuntos salieran del despacho, por lo que se inició una investigación, de la cual resultó que era un término fiscal la relación de la cooperativa contra el IMSS.
Por lo tanto, hubo una sentencia y ahora tiene que pagar un crédito fiscal por 30 millones de pesos, lo cual aún está pendiente.
En ese entonces se dijo perseguido político del entonces gobernador Rafael Moreno Valle.
Ahora, la historia se repite.