Durante la semana pasada el mundo digital tuvo uno de aquellos violentos choques con la real. En un mega operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, simultáneamente se catearon cuatro centros de llamadas –call centers– y detuvieron a 27 personas. Estas diligencias, llevadas a cabo en lugares como Paseo de la Reforma o la Narvarte, tenían como objetivo desmontar mafias “montadeudas”.

Estos esquemas montadeudas, que ofrecen préstamos de manera fácil y sin atravesar por buró de crédito, son operados a través de aplicaciones de celular, lo que abre nuevas posibilidades al mundo de los cobradores. O más bien podríamos llamarlos extorsionadores, puesto que el negocio involucra elevadísimos intereses y la negociación agresiva de cuentas impagables.

El ejercicio es rupestre y básico en su núcleo: amenazas, tácticas de engaño y extorsiones. Pero realizarlo de manera digital lleva al chantaje a un nuevo nivel. Al instalar las aplicaciones a través de las cuales se solicitan los créditos, se otorgan permisos para husmear dentro del celular. Desde la galería de fotos hasta el directorio de contactos.

Algunas de las tácticas de cobro involucran agresivas comunicaciones con nuestros contactos con la perversidad que permite lo digital. Por ejemplo, el uso de la tecnología para sobreponer –de manera muy creíble– el rostro del deudor en material pornográfico o comprometedor.

En México existen tantas líneas de celular como habitantes, unos 130 millones, y a los mexicanos nos encanta estar en nuestros celulares pegados a nuestras aplicaciones. Existen para todo. Para consumir videos y música, ejecutar operaciones bancarias, pedir algo de comer, tener una cita, hacer el súper o apartar una habitación de hotel en cualquier rincón del mundo.

La economía de las aplicaciones se estima que genera 180 mil empleos en México entre los mercados de los teléfonos de Apple y Android, los de la manzanita y el robotcito respectivamente. Usamos más los Androids, que generan un 80% de todo el tráfico web desde aparatos móviles.

Al mes los mexicanos usamos 5 gigas, algo así como ver diez horas de video, lo que es equivalente al contenido de un DVD; no mucho. México está muy por debajo del promedio de los países desarrollados de la OCDE, ahí el promedio es de 7.4 gigas. Mensualmente hablamos casi siete horas por llamadas tradicionales, pero apenas nos enviamos 12 mensajes de texto, de los antigüitos. A nivel nacional gastamos más de quinientos millones de dólares en las tiendas de las aplicaciones.

Hacer una aplicación en México tiene costos que oscilan desde los cincuenta hasta varios cientos de miles de pesos, dependiendo de la complejidad de la plataforma. Los operadores de las apps montadeudas pueden cobrar hasta 250 mil pesos mensuales, llevándose una comisión de entre el 3 y 5 por ciento de lo cobrado, entre siete y trece mil pesos al mes.

En el operativo se desactivaron casi cien aplicaciones, con nombres tan folklóricos como “CreditoMaya” y tan fidedignos como “Crecimiento Economico Confiable SA de CV”. Al ser una operación de préstamo debería regularse por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), pero esta solo puede intervenir en instituciones financieras registradas, cosa que “Guayaba Cash” –nombre real de una de las aplicaciones dadas de baja– obviamente no cumple.

Gobiernos, regulaciones y los mercados establecidos batallan para adecuarse a estas nuevas economías. Ya sea la toma de los aeropuertos por el trabajo de aplicaciones como Didi o Uber. El impuesto del 2% a las aplicaciones por la Ciudad de México. O la regulación de la tarifa dinámica en las aplicaciones de transporte por el gobierno de Puebla.

Pensar que la responsabilidad la podemos dejar en manos de las empresas de tecnología es ilusorio, el gobierno debe de entrar a regularlo como cualquier otra industria. Aunque tampoco podemos imaginar regresar de este futuro donde hay una app para cualquier cosa.