En México estamos cerca de arañar el bronce en la penosa categoría de obesidad poblacional. Una prevalencia en 21 millones de mujeres y 15 millones de hombres nos colocan en un poco honroso quinto lugar mundial. Con un consumo de más de doscientos kilos de comida chatarra al año, se entiende parte del problema.
Para intentar frenar esta epidemia, el gobierno ha buscado parar el consumo con diversas medidas.
Una de las que puede reconocer es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, mejor conocido por sus siglas, IEPS, que se cobra en alimentos no básicos con alta densidad calórica. Más de 275 kcal por cien gramos, comida chatarra. De una coca de 21 pesos usted paga 1.40 por el impuesto. Para el siguiente año Hacienda planea recaudar casi ciento noventa mil millones por el gravamen en comida chatarra, refrescos y cigarros.
La otra viene de 2014, es la aprobación a un cambio en la Ley General de Educación por la Cámara de Diputados, la semana pasada. En esta se prohíbe que dentro y fuera de escuelas se publiciten o vendan productos o bebidas chatarras. Recuerde que en promedio el mexicano bebe anualmente más de 160 litros de bebidas azucaradas. Refrescos, jugos y extractos.
Sin duda la más visible ha sido la aparición de octágonos de advertencias nutricionales en gran cantidad de productos. Y es que desde octubre de 2020 entró en vigor el nuevo etiquetado para alimentos y bebidas procesadas.
Las leyendas las conoce. Alto en, seguido de la advertencia que se tenga que hacer: azúcares, sodio, edulcorantes, calorías, entre otros.
El dinero recaudado sería destinado a programas de combate al sobrepeso, a la par que desincentivaría el consumo por precio. La medida puede parecerle o no, pero quienes la consideraron anticonstitucional fueron más de cien empresas que se ampararon contra ella.
De estas denuncias, seis llegaron a la Suprema Corte y la primera de ellas, la promovida por la empresa Barrilito, debía de revisarse hoy con un proyecto de la ministra Yasmín Esquivel. Barrilitos es el nombre que representa los intereses de su empresa matriz, Jugos del Valle, que a su vez es de Coca Cola. Suena mejor en los titulares.
La discusión se ha pospuesto para la siguiente semana, el 16, cuando veremos si se queda el etiquetado o se considera anticonstitucional un etiquetado que prohibió personajes como el Tigre Toño o Melvin, el de los Chococrispis.
Más de la mitad de todos los productos que tenían alertas se han reformulado para tener menos calorías y evitar las poco estéticas alarmas nutricionales. Bimbo reformuló 8 de cada 10 productos.
Otra empresa, cuyo recurso llegó a la Corte, fue el coloso alimentario internacional Mondelez, que recientemente completó la adquisición de Ricolino –la operación confitera de la propia Bimbo– por 27 mil millones de pesos. Dudo pueda imaginar un Bubulubu, Duvalín o Paleta Payaso reformulándose para ser sanos. Hay cosas que están destinada a ser, y están bien, con moderación.