Mientras que todo mundo –el político y jurídico al menos– se encuentra enfrascado en reformas como el Plan B o la desvergüenza de la ministra plagiadora Esquivel, la justicia agropecuaria vive sus propios conflictos judiciales, muy alejados de los reflectores mediáticos. Permítame contarle.
En enero de este año el presidente López Obrador tuvo una acción inédita en su gobierno: se negó a publicar una reforma del Congreso. Nos referimos a una reforma a la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, misma que regresó al Congreso con toda intención de ser desechada.
Los tribunales agrarios son una herencia del innombrable, Carlos Salinas de Gortari –ni tan innombrable pues–, en una reforma al 27 constitucional que cimbró al país en su momento. Figúrese, estamos hablando de un artículo que desde que se creó la Constitución nunca había sido tocado. Para mayores referencias, es el artículo que habla de la propiedad de la tierra y el agua en nuestro país.
Estos tribunales agrarios son grandes desconocidos para la gran mayoría, aunque son el Coco de cientos de miles de ejidatarios y campesinos que tienen que sufrir un calvario con uno de los órganos más opacos y mañosos del aparato mexicano.
¿La reforma que le comentaba al inicio, aquella que regresó AMLO, intentaba arreglar alguna de estas injusticias? Pues no, ni de cerca.
La reforma cambiaba dos artículos, el 12 y 17. No es el plan aburrirlo con detalles, así que se lo resumo con que el primero establecía los requisitos para ser magistrado agrario, mientras que el segundo eliminaba la inmovilidad de los nombramientos por seis años.
¿Qué interés tendría el presidente en estos temas? Lamentablemente no el bien común, pero la viabilidad de sus magnos proyectos. Un ejemplo para quedar claros.
El proyecto del Ferrocarril Transístmico del Istmo –perdone la cacofonía, así se llama– cruza importantemente por entre ejidos de Oaxaca y parte de Veracruz, por lo que contar con los beneplácitos de los jueces agrarios es vital para que este pueda avanzar.
Mire por ejemplo a la comunidad Mogoñé Viejo, allá por los rumbos de Juchitán, que se han quejado amargamente de que la ampliación del tren les quitará 35 metros a la derecha e izquierda de los rieles del tren. O la comunidad zapoteca de Puente Madero, también en Oaxaca, que se quejan de importantes despojos para poder construir un parque industrial a las orillas del Transístmico. O cualquiera de las otras siete comunidades que se han quejado por robos, amenazas y demás bellezas de quienes construyen el tren… las fuerzas castrenses nacionales.
La ley ya hizo su recorrido de regreso al Congreso, donde fue aprobada a inicios del mes pasado, con dos cambios a artículos que favorecen las figuras enquistadas del poder judicial agropecuario. Y es que el presidente quiere, más bien necesita, apapachar a todas las autoridades que pueda para que caminen sus proyectos. El Transístmico es un gran proyecto, necesario para acercar algo de justicia en el desarrollo al sureste, pero no así. A la Revolución le hace falta hacerles justicia a muchos.